Este lunes, ingresó formalmente este lunes por Mesa de Entradas del Senado el pedido de licencia del entrerriano Edgardo Kueider (Las Provincias Unidas), quien está detenido en Paraguay desde el miércoles pasado, cuando intentó ingresar 211 mil dólares sin declarar, que se sospecha podría ser un retorno o coima por votar a favor de la Ley Bases, que en el Senado desempató la vicepresidente Victoria Villarruel.

Envuelto en un escándalo luego de ser arrestado en el país vecino con esta suma de dinero no declarada, viajaba junto a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, desde el despacho del legislador se informó en la misma noche del miércoles 4 de diciembre que pediría licencia mientras se lo investigue. Ambos quedaron detenidos y pagaron 300 mil dólares de caución a través del abogado que los representa a ambos.

Guinsel Costa y Kueider lograron el beneficio de prisión domiciliaria y pasan la detención en un hotel de lujo.

De acuerdo con el portal Parlamentario, en el escrito dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que este lunes fue presentado por su asesora Sandra Schmitz, Kueider solicita la licencia de su cargo, pero no especifica el plazo. Tampoco hace referencia a si será con o sin goce de sueldo.

De acuerdo al artículo 25 del reglamento del Senado, “los senadores que no puedan asistir a alguna sesión lo comunicarán al presidente; si su inasistencia hubiera de ser a más de tres sesiones consecutivas, solicitarán licencia. El Senado decidirá en cada caso, por una votación especial, si la licencia concedida a un senador es con goce de dieta o sin él. Las licencias por maternidad serán concedidas con goce de dieta y por el término legal”.

Habitualmente, las licencias de los senadores se votan a mano alzada en la sesión, pero habrá que ver que sucede al momento que se someta la de Kueider, dada la presión desde el interbloque Unión por la Patria para que se lo expulse inmediatamente. De hecho, solicitaron una sesión para tal fin para este jueves. Los 33 senadores peronistas están comprometidos con votar la expulsión, pero necesitan de 4 más para alcanzar el quorum de 37.

En Misiones, habría una orden política de la Renovación, de acompañar el pedido de expulsión, con lo cual, UP se acerca al quorum para lograr la expulsión, una maniobra que le permitiría sumar una banca más al bloque que comanda el formoseño José Mayans, porque la suplente de Kueider en la lista del 2019, es una dirigente de La Cámpora.

La bancada peronista/kirchnerista alega que en el caso del entrerriano (un exFrente de Todos) corresponde aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional, en base al 69, que habla de que ningún legislador puede ser arrestado salvo que sea “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”.

En cuanto al pedido de licencia de un senador investigado por la Justicia, hay un antecedente en el que la exvicepresidente Cristina Kirchner, avaló una licencia prácticamente por tiempo indefinido. En noviembre de 2019, justo días antes de que asuma Alberto Fernández, el peronista tucumano José Alperovich fue acusado por su sobrina segunda por abuso sexual, delito por el que fue condenado en junio de este año.

Desde la fecha de la denuncia, hasta que terminó su mandato dos años después, en diciembre de 2021, cada seis meses el Senado le aprobó la licencia sin goce de sueldo todas las veces.

Mientras Unión por la Patria insiste con directamente expulsar a Kueider, el oficialismo y los bloques dialoguistas definen su postura. Desde luego, para los senadores del PRO y del radicalismo que apoyen una aceptación de la licencia para Kueider, tendrá un evidente costo político.

Por estas horas, Kueider es un símbolo de la corrupción y las coimas en el Senado –fue el único de los senadores peronistas en votar a favor de la Ley Bases–, y ya hay denuncias penales para determinar el origen de los 211 mil dólares que intentó ingresar a Ciudad del Este por el Puente de la Amistad en la Triple Frontera. Y la diputada nacional Margarita Stolbizer planteó que podría estar vinculado a una dádiva por votar a favor de la Ley Bases.