Desde la sesión en la que el oficialismo logró blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario –el segundo veto presidencial avalado por la Cámara de Diputados– la oposición busca modificar la ley que impulsó Cristina Kirchner cuando era senadora de la Nación, que permitió a los presidentes Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei y ella misma, firmar decretos de necesidad y urgencia que entran en vigencia desde el momento de su difusión y sólo pueden ser declarados nulos, cuando ambas cámaras del Congreso los rechazan.   

El presidente del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, el “pichettista” Oscar Agost Carreño, el “lilito” Juan Manuel López y los radicales empezaron este miércoles a construir la mayoría para modificar la ley 26.122, la que establece que un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso de la Nación para que quede nulo.

La jugada arrancó después que Javier Milei lograra que 84 legisladores blindaran su veto contra la ampliación presupuestaria para las universidades, votación que contó con el apoyo de tres diputados por Misiones y con la abstención de otros cuatro, lo que indica cómo podrían votar los legisladores Florencia Klipauka (LLA), Emmanuel Bianchetti (PRO), Martín Arjol (UCR) y los renovadores Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, al momento de analizar una iniciativa que limite el poder que actualmente ostenta Milei, en completa minoría parlamentaria, gobernando mediando DNUs y vetos con el apoyo de poco más de un tercio de la Cámara baja.

Mientras el oficialismo celebraba, el cordobés Agost Carreño logró mocionar el emplazamiento para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, del proyecto para limitar las facultades presidenciales que le permiten a la Casa Rosada regir por decretos y vetos.

Este debate volvería a mostrar a todos los diputados por Misiones, alineados con Milei: los renovadores para asegurar la gobernabilidad y porque son oficialistas a nivel nacional con cualquier gobierno; mientras que el macrista Bianchetti, la puertista Klipauka y el “radical con peluca” Arjol, ya vienen votando con el oficialismo nacional, como ocurrió con los vetos presidenciales contra los jubilados y contra las universidades públicas. Pese a que los tres son abogados y defienden la división de poderes del Estado, están totalmente comprometidos con la Casa Rosada. Cabe remarcar, por otra parte, que la diputada “misionerista” Yamila Ruiz, es vocal en esta comisión; de hecho, es la única diputada por Misiones en la misma. 

El impacto fue tan grande que un diputado libertario reconoció ante LPO que “el respaldo al veto no dejó mucho para festejar” porque “empezaste a consolidar una mayoría de 135 tipos del otro lado”.

Frente a ese escenario, el PRO cerró filas con La Libertad Avanza (LLA). La encargada de la defensa del gobierno fue la macrista Silvana Giudici, que criticó a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por el impulso y la sanción de la ley en debate. “El kirchnerismo trajo esta ley para violentar las instituciones de la democracia”, señaló, y enumeró la resolución 125 de retenciones a la soja, el uso de reservas del BCRA para pagar deuda y la salida de Martín Redrado de la entidad crediticia como hitos del primer mandato de la expresidenta.

Por eso, se quejó de la oposición actual. “Miran la película de un solo lado, tienen que verla de manera completa porque antes proponíamos derogar esa ley que convirtió a este Congreso en una escribanía”, recordó Giudici y reprochó: “¿Por qué no fue antes?”.

Por el contrario, el cordobés Agost Carreño, reivindicó su propio proyecto, que propone la elevación de 16 a 24 integrantes para la Bicameral de DNU, la disposición para que siempre esté constituida y que se determine un plazo de 60 días para que se expidan las Cámaras, en caso contrario, el DNU se declara nulo. “Es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación”, argumentó el pichettista.

En el plenario de comisiones, presidido por el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato, ingresaron una decena de expedientes sobre el tema. El único que no se habilitó fue el del pichettista Juan Brügge porque, según Mayoraz, pretendía ingresarlo luego del emplazamiento del cuerpo.

Aun así, el cordobés postuló que la discusión no pasa alrededor de “quién dictó más DNU”. “Es una mala ley para beneficiar los ejecutivos de turno porque, con esta ley, el Congreso se borró”, argumentó Brügge y añadió: “Invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”.

Por su parte, la radical Carla Carrizo indicó que el tratamiento de este tema no pretende “quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”. El recorte temático evitaría megadecretos como el 70/23, por caso, que desreguló la economía sigue vigente desde diciembre del 2023, pese al rechazo del Senado.

En la misma línea, el “lilito” López sostuvo que “no es una ley contra Milei”, y deslizó que también serviría para contener el abuso de presidencialismo en futuros gobiernos, sean de Axel Kicillof, Juan Grabois o Patricia Bullrich.

El emplazamiento fijado en recinto la semana pasada determina que el plenario de comisiones debe dictaminar el próximo 30 de octubre. Hasta entonces, desfilarán especialistas y los opositores tratarán de consensuar un dictamen que reúna las firmas de la mayoría.