Política

Criminalización de la protesta en Misiones: Dirigentes de la CTAA se notificaron ante el juzgado

Los referentes Leandro Sánchez y Mónica Gurina se presentaron ante el Juzgado Correccional y de Menores No. 1 de Posadas para notificarse de la radicación de la causa judicial en su contra.

Miércoles, 4 de diciembre de 2024 - 8:00 hs.
Criminalización de la protesta en Misiones: Dirigentes de la CTAA se notificaron ante el juzgado

Este martes 3 de diciembre, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, Secretaria General y Secretario General Adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (filial Misiones), comparecieron ante el Juzgado Correccional y de Menores No. 1 de Posadas para notificarse de la radicación de la causa judicial en su contra.

Ambos maestros de escuela y referentes de la lucha sindical en Misiones, Gurina y Sánchez, están imputados como “coautores” en la causa por “Desobediencia Judicial Y Entorpecimiento Del Normal Funcionamiento De Los Medios De Transporte Por Tierra En Concurso Ideal”.

Según detallaron desde la CTAA – Misiones, la causa se instruye a raíz de su participación en el Acampe Docente que un conjunto de organizaciones sindicales no oficialistas mantuvo en el marco de una protesta salarial entre los meses de mayo y junio.

Por una denuncia del Agente Fiscal, la causa fue iniciada en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nro. 7 de Posadas, a cargo del Juez Mattos, quien en septiembre pasado resolvió cerrar la etapa de instrucción y disponer la elevación a juicio del caso. Para esto remitió el expediente al Juzgado Correccional y de Menores No 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, a cargo de la Dra. Marcela Leiva.

Ambos dirigentes comparecieron en compañía de su abogado defensor para notificarse de la radicación de la causa en el Juzgado Correccional, que deberá fijar la fecha de inicio del debate oral.

“Desde la CTA A junto a la defensa técnica se viene señalando la improcedencia de la vía judicial para tratar cuestiones relativas a la protesta social y salarial, y se responsabiliza a las autoridades provinciales por elegir el camino de la persecución judicial en vez de abrir los canales pertinentes de diálogo para la resolución de los conflictos”, advirtieron desde la CTA Autónoma, insistiendo en que “reclamar salario no es delito”.