Política
Criminalización de la protesta en Misiones: Dirigentes de la CTAA se notificaron ante el juzgado
Los referentes Leandro Sánchez y Mónica Gurina se presentaron ante el Juzgado Correccional y de Menores No. 1 de Posadas para notificarse de la radicación de la causa judicial en su contra.

Este martes 3 de diciembre, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, Secretaria
General y Secretario General Adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos
Autónoma (filial Misiones), comparecieron ante el Juzgado Correccional y de
Menores No. 1 de Posadas para notificarse de la radicación de la causa judicial
en su contra.
Ambos maestros de escuela y referentes de la lucha sindical en
Misiones, Gurina y Sánchez, están imputados como “coautores” en la causa por
“Desobediencia Judicial Y Entorpecimiento Del Normal Funcionamiento De Los
Medios De Transporte Por Tierra En Concurso Ideal”.
Según detallaron desde la CTAA – Misiones, la causa se instruye
a raíz de su participación en el Acampe Docente que un conjunto de
organizaciones sindicales no oficialistas mantuvo en el marco de una protesta
salarial entre los meses de mayo y junio.
Por una denuncia del Agente Fiscal, la causa fue iniciada en
el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nro. 7 de Posadas, a cargo del Juez
Mattos, quien en septiembre pasado resolvió cerrar la etapa de instrucción y
disponer la elevación a juicio del caso. Para esto remitió el expediente al
Juzgado Correccional y de Menores No 1 de la Primera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Misiones, a cargo de la Dra. Marcela Leiva.
Ambos dirigentes comparecieron en compañía de su abogado
defensor para notificarse de la radicación de la causa en el Juzgado
Correccional, que deberá fijar la fecha de inicio del debate oral.
“Desde la CTA A junto a la defensa técnica se viene señalando
la improcedencia de la vía judicial para tratar cuestiones relativas a la
protesta social y salarial, y se responsabiliza a las autoridades provinciales
por elegir el camino de la persecución judicial en vez de abrir los canales
pertinentes de diálogo para la resolución de los conflictos”, advirtieron desde
la CTA Autónoma, insistiendo en que “reclamar salario no es delito”.