El juez federal Sebastián Casanello les prohibió este
viernes la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de las personas
investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional
de Discapacidad (ANDIS).
Según le indicaron fuentes judiciales a Infobae, durante
esta tarde Casanello firmó la medida que involucra, además de al ex titular de
la ANDIS, a otros de los involucrados que fueron allanados durante la mañana,
como los integrantes de la familia Kovalivker (Eduardo, Jonathan y Emmanuel),
propietarios de la droguería Suizo Argentina; y Daniel Garbellini, ex director
nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Si bien se realizaron 14 allanamientos y se secuestraron
documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos, teléfonos
celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, de momento no hay
ningún detenido en la causa, sobre la que pesa secreto de sumario.
El momento más llamativo del megaoperativo dispuesto esta
mañana, se dio durante el allanamiento a la casa en el barrio de Nordelta de
Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar,
Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás del vehículo
encontraron sobres en cuyos interiores había distintos montos en dólares. En
total, se hallaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos. Además del dinero,
había anotaciones. También se secuestraron el teléfono celular y el pasaporte
del involucrado.
Si bien Spagnuolo no fue hallado en ninguno de sus
domicilios registrados, fue encontrado más tarde mientras manejaba dentro de un
country de Pilar. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había
sido solicitado por el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez
Casanello. El móvil será peritado. Además, se secuestraron una computadora y
documentación.
Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para
obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una
denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que el caso se
investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción
a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.
Fuente: Infobae
