En un caso sin precedentes en Misiones, los dirigentes sindicales y docentes Mónica Gurina, y Leandro Sánchez, ambos maestros de grado, serán llevados a juicio en Posadas por su participación en las protestas salariales de 2024, más conocidas como “misionerazo”, porque en las movilizaciones participaron trabajadores de la educación, de salud pública y hasta policías y penitenciarios.
Según informaron desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma de Misiones, la secretaria general y el secretario adjunto de la organización, serán llevados a juicio a partir del próximo martes 25 de noviembre a las 8 hs., por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”.
En la causa interviene el Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de Posadas a cargo de la Jueza Marcela Leiva –la hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Cristina Leiva– y las audiencias se extenderían en cuatro jornadas consecutivas, hasta el viernes 28 de noviembre.
La acusación, realizada por la Fiscal de Instrucción Penal Nro. 7 Patricia Clérici, criminaliza las luchas salariales que se extendieron por toda la provincia en el primer semestre de 2024, tras la devaluación operada por el gobierno nacional en diciembre de 2023 y los altos índices de inflación que se registraron en los meses siguientes.
Este conflicto se manifestó a través de múltiples medidas en toda la provincia, tales como asambleas, cortes de ruta, marchas y el Acampe Docente sobre la Av. Uruguay de Posadas que contó con la participación de diversas organizaciones sindicales y asamblearias.
Esas medidas de protesta lograron abrir una Mesa de Negociación de los sectores no oficialistas con las autoridades el 7 de junio del 2024, en la cual se logró mejorar significativamente las condiciones salariales de la docencia en medio de una profunda crisis inflacionaria que había llevado el ingreso de las maestras de grado a niveles de hambre.
Esta causa judicial responsabiliza penalmente a dos dirigentes por una acción colectiva pacífica, multitudinaria e intersectorial que movilizó el apoyo y la solidaridad de gran parte de la población misionera, y que animó a otros sectores de trabajadores a exponer sus propias condiciones de miseria y precarización.
De acuerdo con la CTAA Misiones, la judicialización de los reclamos salariales –que dio también lugar a la apertura de causas penales contra otros sectores en conflicto– es un ataque al derecho a la protesta, con particular ensañamiento sobre las representaciones sindicales. Se trata de una medida que busca desalentar los justos reclamos de los trabajadores, mientras el gobierno provincial continúa su política de ajuste sobre el salario.
“En este contexto de ajuste brutal y avance represivo se vuelve aún más importante sostener la lucha por el inmediato desprocesamiento de las y los luchadores criminalizados y la absolución de Mónica Gurina y Leandro Sánchez”, alertaron desde la central obrera, que viene sumando adhesiones de dirigentes nacionales y de docentes de todo el país.
Así, en ese contexto, la CTA A Misiones junto a un conjunto de organizaciones sindicales, asamblearias, políticas y sociales convocan a concentrar el próximo martes 25/11 a las 7.30 h frente al Palacio de Justicia de Posadas, Av. Santa Catalina 1735, para acompañar el inicio de las audiencias del juicio oral.
