El gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, ya contaría con los votos para aprobar el controvertido proyecto de reforma laboral, gracias a los votos de senadores “aliados” como los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. La iniciativa, entre otros puntos resistidos por trabajadores, sindicatos y por la CGT y las dos CTA, incluye la supresión de las horas extra, la limitación al derecho a huelga, la anulación de los contratos colectivos de trabajo por actividad, la reducción de los aportes patronales y a las obras sociales, y el financiamiento de las indemnizaciones por despidos injustificados, con el dinero de la ANSES.
Según publicó el portal Parlamentario, el modo de asegurarse una ley es con la mitad más uno de los miembros del Senado apoyando, para el caso de que todos los senadores asistan a la sesión. Eso habilita el quorum y luego, asegura el resultado de la votación.
Por lo habitual, en el Senado se necesitan 37 legisladores, pero en este momento, desde la renuncia de Lorena Villaverde a asumir su banca, y dado que el cuerpo todavía no acepto tal dimisión y mucho menos ordenó el reemplazo, la cantidad de legisladores es de 71, con lo cual con 36 basta para imponerse.
Y ese número, el gobierno lo tiene totalmente garantizado. Formalmente el bloque oficialista tiene 20 senadores, pero muy cerca de ellos se encuentran, con su propio bloque y dispuestos a demostrar que son parte del esquema ultraderechista, Federico Paoltroni y Luis Juez. Con ellos dos y los tres legisladores que le quedan al PRO, que son incondicionales del oficialismo, el gobierno queda a tan solo 11 votos de obtener su objetivo.
Entre estos senadores “amarillos” devenidos en “violetas”, está el misionero Martín Goerling, otro de los que pasaría a la historia como uno de los garantes de la reforma laboral de Milei.
Allí empiezan a jugar un rol sustancial los 9 radicales. La senadora por Santa Fe, Carolina Losada, estuvo participando intensamente de las conversaciones del Pacto de Mayo de las últimas semanas, y es una de las que apoyará la iniciativa, de dudosa constitucionalidad, por atacar el artículo 14 Bis de la Carta Magna.
Sin embargo, algunos creen que no todos los radicales seguirían el mismo camino, aunque al menos 6 de ellos están alineados con la flexibilización laboral que impulsa e gobierno de Milei. Los otros tres son, por el momento, una incógnita. Algunos especulan con que, si no están de acuerdo con la iniciativa oficial, podrían habilitar el quorum y luego ausentarse para la votación.
Si dos de ellos se van, haría falta un voto menos para aprobar la media sanción.
Pero si faltasen votos, siempre están los senadores que aporten los gobernadores aliados, como el misionero Hugo Passalacqua: los dos senadores que le responden –Rojas Decut y Arce–, que hoy integran el bloque de gobernadores van a apoyar la reforma laboral, según el portal Parlamentario.
Lo mismo ocurre con los Correntinos que responden a Gustavo Valdés que ya se manifestó a favor del proyecto y que acordó acompañar con el ministro del Interior, Diego Santilli. Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz aportaría el acompañamiento de la senadora exmassista Flavia Royón, para el voto 36 que aseguraría el resultado y la media sanción del proyecto.
El único problema que tiene el gobierno son los tiempos y su deseo de que la ley sea aprobada durante el período de extraordinarias que fijó el presidente, hasta el 30 de diciembre. Según los reglamentos de ambas Cámaras de Congreso, los proyectos deben tener dictamen de Comisión para ser tratados en el recinto. Y entre el dictamen y el tratamiento, deben pasar 8 días para impugnaciones.
En el Senado todavía, ni siquiera se conformó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que debería tratar el tema. También, debería intervenir la Comisión de Presupuesto, dado que se modifica normativa fiscal. Incluso cuando todo eso ocurra esta misma semana y el dictamen se emita, el tratamiento y aprobación en recinto recién se produciría la semana siguiente, tal vez, el miércoles 23 de diciembre.
Pasado el proyecto con media sanción a diputados, la mecánica es la misma, de modo que, aunque las comisiones lo traten de modo exprés la semana siguiente, esa es la última semana del mes, se termina diciembre y se terminan las extraordinarias.
El modo de evitar que los tiempos reglamentarios se consuman diciembre y el gobierno alcance su objetivo de sancionar la ley antes de fin de año, es saltarse el tratamiento en comisiones, al menos en una de las dos cámaras.
Para ello es necesario que el cuerpo se constituya en Comisión, pero tal cosa tiene un problema que al gobierno puede resultarle más árido para resolver: se necesitan dos tercios de los votos de los presentes. Eso, en Senado, con los 28 legisladores de Fuerza Patria en el recinto parece imposible y en diputados los números no darían tampoco.
En el medio, está la presión social que puedan ejercer los trabajadores y sus organizaciones. Por caso, vale remarcar que hay una convocatoria de la Confederación General del Trabajo y de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma y la Central de Trabajadores Argentinos de los Trabajadores, para protestar contra la reforma laboral, el 18 de diciembre próximo, en Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país.
