Este miércoles, los jefes de bloques del Senado acordaron sesionar el próximo jueves 16 de julio, a las 12, con el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” como tema principal. Desde su dictamen hasta la fecha, esa iniciativa que favorece la extranjerización de tierras sufrió numerosas modificaciones, que serán puestas a discusión el recinto.
En la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron el temario, que incluirá además una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales; y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de Julio de cada año.
De acuerdo con el portal Parlamentario, de la reunión de este miércoles participaron, además de Villarruel y el presidente provisional, Bartolomé Abdala, los presidentes de bloques Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana di Tullio y Fernando Salino.
El proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que elimina las restricciones a extranjeros a la compra de tierras de Argentina, se dictaminó en comisiones el pasado 20 de mayo. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, despachos hacia adentro, los aliados del oficialismo propusieron numerosos cambios. En total, hubo 14 versiones del texto.
A pesar de las varias modificaciones, no se convocará a comisiones, sino que directamente éstas se revelarán en el recinto. “Cambió mucho el dictamen original”, afirmó ante parlamentario.com uno de los senadores que participó de la reunión este miércoles.
Uno de los cambios que fue de los primeros y sí se conoció durante el dictamen fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (ReNaBaP). Ese punto implicaba desalojos masivos de barrios populares censados en los últimos años.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece profundos cambios respecto a expropiaciones (Ley 21.499), desalojos (Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial de la Nación), compra de tierra rurales por parte de extranjeros (Ley 26.737) y la última versión de la Ley de Manejo del Fuego.
Por otra parte, la semana que viene se tratarán una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales, entre ellos el del juez “libertario” del fuero laboral Víctor Arturo Pesino, próximo a cumplir 75 años a fin de mes. Se trata del camarista que repuso la Ley de Flexibilización Laboral de Milei y dispuso la intervención de la UOM (Unión de Obreros Metalúrgicos), hechos por los cuales el peronismo lo cuestionó duramente durante la audiencia a la que asistió el pasado 9 de junio.
Si bien el pliego de Pesino formaba parte de la sesión que no tuvo quórum el pasado 25 de junio, luego de ese día la Comisión de Acuerdos avanzó con más audiencias de candidatos y se engrosó la lista de despachos listos para ser aprobados en el recinto.
Entre ellos se destaca también el de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo la causa de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
Sobre este pliego, abundan las especulaciones de un pacto de impunidad: Lijo, a quien responde Ponte, tiene a su cargo las causas por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, y de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Estas dos causas son de alto voltaje político y de avanzar implicarían una grave amenaza a la imagen de Javier Milei y sus ambiciones reeleccionistas.
