Avanza la causa por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, y este miércoles, declararon en los tribunales federales de Comodoro Py (CABA) las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64). Son las mujeres que le vendieron a Adorni, el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Las por ahora testigos, entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa.
Viegas, según revelaron fuentes judiciales a El Diario Ar, aseguró no conocer a Adorni. Y explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación. Esta jubilada manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración, en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Por su parte Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas. La jubilada explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos mensuales, es decir, la mínimoa.
En tanto, el hijo de Viegas mencionado en la declaración, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.
De acuerdo con El Diario Ar, las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.
Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.
Cabe remarcar que las jubiladas Sbabo y Viegas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.
La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.
Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti. Esta medida permitirá conocer todas las declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio Adorni-Angeletti.
En ese contexto, ayer por la tarde, se confirmó que Adorni viajó con su familia a Aruba, en el Caribe, en 2024, cuando era Vocero Presidencial y percibía un sueldo muy inferior a los 7 millones mensuales que percibe actualmente. Pagó los viajes de avión en efectivo.
Según el portal Mdzol, Adorni viajó en primera a la isla de Aruba, en un vuelo de la aerolínea LATAM, el pasado 29 de diciembre de 2024. Según la información que trascendió de fuentes judiciales, Adorni pagó alrededor de 1.400 dólares por cuatro pasajes, con escala en Perú. La Justicia está investigando dónde se alojó el funcionario en la isla del caribe y cómo realizó el pago de su estadía en la playa.
La información se dio a conocer este miércoles por la tarde mientras el funcionario está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, durante sus cargos en el Estado.
Hasta el momento, el jefe de Gabinete no dio detalles sobre el viaje Aruba. En la última conferencia de prensa que dio en Casa Rosada, sostuvo que se trataba de su dinero y que él podía hacer lo que quisiera. Lo cierto es que, desde que es funcionario, tuvo un crecimiento exponencial en su patrimonio y están apareciendo propiedades que no incluyó en sus Declaraciones Juradas como lo ordena la Ley de Ética Pública.
