“Quiero expresar mi firme rechazo al reciente comunicado emitido por la Confederación Económica de Misiones (CEM) y a las declaraciones de su presidente, Guillermo Facchinello”, señaló el diputado provincial Miguel Núñez (PRO), quien repudió la actitud de la CEM de adjudicarse la “gestión” del decreto 1608/24 firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prorroga el empleo del glifosato en las chacras misioneras. 

El legislador provincial, que semanas atrás viajó a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y lograr que se expidan sobre el empleo del bioherbicida de la empresa AgroSustentable –que estarían siendo distribuidos entre agricultores por el Ministerio del Agro, pese a que el producto no está homologado por el organismo nacional–, cuestionó a Fachinello y a la CEM, a quienes les endilga no haber actuado en defensa de los productores. 

“Este pronunciamiento resulta profundamente cuestionable, especialmente porque la CEM y sus representantes no estuvieron presentes cuando los productores misioneros realmente los necesitaban para enfrentar los desafíos que el sector atravesaba. Ahora, sorprendentemente, se presentan como festejadores de los logros alcanzados por quienes sí se comprometieron con el sector productivo”, lanzó Núñez, acusando a la CEM de “saludar con sombrero ajeno”.

“Es evidente que la Confederación está adoptando una postura de adulación hacia el Gobierno Provincial en lugar de defender de manera genuina los intereses de los productores. Es fundamental que las organizaciones de representación económica actúen con responsabilidad y transparencia, y no como simples seguidores de intereses políticos”, apuntó “Miguelo” contra la confederación manejada por Fachinello y los empresarios Víctor Saguier, Gerardo Díaz Beltrán y Alejandro Haene. 

“La verdadera representación debe basarse en el compromiso real con los problemas y necesidades del sector productivo, no en la búsqueda de favores o en la superficialidad de los logros circunstanciales.  Además, las condiciones impuestas a los demás sectores productivos no responden a las verdaderas necesidades de los productores”, advirtió el diputado del PRO, quien recalcó también la discriminación implícita del decreto, que habilita el uso del glifosato sólo para productores que exporten a países que no permiten el uso de insumos no aprobados, como los de AgroSustentable.

En esta línea, Núñez subrayó que el decreto 1608/24 crea un registro para aquellos productores que el gobierno considere que pueden emplear los herbicidas aprobados por el SENASA, manteniendo firme la prohibición del uso del glifosato, que entra en vigencia en julio del 2025 para todas las demás chacras misioneras, según lo dispone la Ley VIII - N° 103. 

“El decreto debería ser justo para todos (los productores), sin requerir la aprobación del Gobierno Provincial. Es esencial que se extienda el plazo para todas las áreas productivas de la provincia sin condicionamientos adicionales”, subrayó el diputado, diferenciándose de la CEM y su posicionamiento alineado con el gobierno renovador.

Este martes, la CEM había “informado” que “tras numerosas reuniones y debates con autoridades, técnicos y funcionarios del Gobierno de la provincia de Misiones se pudo acordar posponer por ese lapso lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley VIII N° 103, de Promoción de Bioinsumos.”

“La entidad empresarial precisó que dicha medida quedó afirmada en el Decreto N° 1608, con fecha 29 de julio de 2024, instrumento que además establece que ‘los productores que deseen acogerse bajo esta prórroga deberán presentar un plan de transición hacia todos más amigables con el ambiente’”, sostiene el comunicado criticado por Núñez. 

Curiosamente, este comunicado, con el decreto 1608/24 ya firmado, es la primera que formula la CEM respecto del reclamo de la mayoría de los productores misioneros y sus asociaciones, que plantean que es inconstitucional la ley VIII – N° 103 de “promoción de los bioinsumos” y exigen, como mínimo, la derogación del artículo 7 de la norma que prohíbe el uso del glifosato.