Según informaron desde la Central de Trabajadores de Argentina – Autónoma, la Mesa de Unidad Docente que conforman el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y el Movimiento Pedagógico de Liberación, definió continuar y profundizar el plan de lucha en reclamo de reapertura de paritarias, mejores condiciones de trabajo y cese de la persecución judicial contra referentes sindicales en Misiones.
Este martes 12 de agosto, la Mesa de Unidad Docente se movilizó en Eldorado por diversos reclamos junto a organizaciones sociales y trabajadores estatales. Posteriormente se reunió la Asamblea Provincial del FTEL y consensuaron convocar a un paro de 24 horas con movilizaciones.
Bajo la consigna “El miedo no nos rinde, nos moviliza la dignidad”, cientos de docentes marcharon este martes en Eldorado, exigiendo salarios justos, defensa de la escuela pública y fin de la criminalización de la protesta.
Los reclamos principales, según detalló la CTA A, fueron los siguientes:
*Absolución de Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
*Repudio al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
*Comedores dignos, infraestructura segura y salarios que alcancen.
*Paro provincial de 24 horas – Jueves 21/08 – Acciones en Jardín América y Puerto Libertad (Ruta Nacional 12).
“La docencia misionera está de pie”, aseguraron desde la CTA Autónoma
Por su parte, el MPL también ratificó la convocatoria al paro para la semana entrantes, el mismo 12 de agosto pasado. “En la ciudad de Eldorado se vivió una histórica jornada de lucha. Los Trabajadores de la Educación Unidos y en Lucha junto a APADEL y Trabajadores nucleados al Polo Obrero, una vez más reclamaron por salario y trabajo dignos, repudiando el veto del Ejecutivo Nacional al Presupuesto para Discapacidad y al aumento en Jubilaciones”, destacaron desde el sindicato docente.
“La marcha tuvo una participación multitudinaria donde confluyeron distintas voces, expresando las problemáticas de cada sector. Concluida la misma se leyó un documento, frente a la Municipalidad de Eldorado, que expresa la crisis por la que atravesamos todos los sectores de trabajadores en la actualidad. Retornando al km 6, los trabajadores de la educación participaron de una asamblea donde se decidió:
1) Convocar a Paro la semana que viene, sin asistencia a los lugares de trabajo.
2) Concentrar en dos puntos de la Ruta Nac. N° 12, a saber: Jardín América y Puerto Libertad.
3) Exigimos y nos unimos a la campaña por la Absolución de los compañeros Mónica Gurina y Leandro Sánchez por el Derecho a la Protesta.”
Cabe recordar que el 15 de octubre, los mencionados Gurina –secretaria general de la CTAA– y Sánchez –secretario adjunto de la CTAA– deberán enfrentar un juicio oral por su participación en los acampes y protestas de mayo del 2024, en el llamado “misionerazo”, donde docentes, sanitarios y policías reclamaron al mismo tiempo, contra el congelamiento salarial que les impuso la provincia en el contexto del brutal ajuste y la devaluación que instrumentó el gobierno liberticida de Javier Milei.
Confirmada la elevación de la causa a juicio, desde la CTAA y otras organizaciones sindicales intensificaron la campaña de absolución de los referentes docentes. Así pues, vale recordar que el jueves 7 de agosto, se lanzó la Campaña por la Absolución de Gurina y Sánchez frente a la Gobernación de Misiones,
El anuncio del plan para lograr la absolución de los dirigentes sindicales y maestros de grado, a quienes la Justicia pretende llevar a juicio por las protestas salariales de 2024 se concretó con un acto por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo realizado en conjunto con otras organizaciones como la UTEP, la CCC, ATE y el Movimiento Evita.
Allí, Gurina caracterizó a la política de amedrentamiento y disciplinamiento a la protesta salarial del gobierno provincial, dentro de la cual ubicó la judicialización que enfrenta junto a Leandro Sánchez. “Hoy estamos lanzando la Campaña por la Absolución, en este caso de Leandro y la mía personal, pero que no tiene que ver con una cuestión de exclusivamente de personas, tiene que ver con criminalizar a esa maestra, a ese maestro, a ese profesor que el año pasado ante la miseria y la indigencia salió a luchar y a exigir y a protestar y a reclamar”, sostuvo.
“Entonces, para quebrar esa fuerza, para limar tu rebeldía, te criminalizan. Nosotros definimos seguir luchando y por eso también ayer estuvimos en San Vicente con todos nuestros compañeros diciéndole a la política de Milei y a la complicidad Rovira que vamos a seguir luchando por los derechos colectivos y personales y de cada uno de nosotros. Así que esta campaña se lanza hoy y sostenemos: ¡la lucha es colectiva, pero la defensa también!”, expresó la secretaria general.
Por su parte, Estela Genesini, Secretaria General de la Unión de Docentes por una Nueva Argentina – Misiones (UDNAM), organización integrante del FTEL, expresó la solidaridad y el acompañamiento a la Campaña por la Absolución: “Vamos a seguir peleando y hoy es importante este momento porque Mónica y Leandro representan a la maestra y al maestro de grado procesados y violentados por el gobierno renovador.”
“Como decía Mónica, si ellos creen que porque nos procesan o porque nos persiguen nos vamos a ir a nuestras casas, están muy equivocados. Redoblamos la apuesta ahora y siempre y vamos a estar acá y en cada uno de los momentos donde haya un compañero sufriendo, donde haya un compañero perseguido por estos gobiernos. Hoy es el puntapié de esta campaña. Mónica y Leandro deben estar liberados, deben estar desprocesados porque a través de ellos nos van a procesar a nosotros. Hoy fueron por ellos, mañana vienen por nosotros. Solamente la unidad nos va a salvar”, manifestó la referente de Udnam.
En tanto Leandro Sánchez señaló la responsabilidad del régimen provincial en los planes de ajuste y su complicidad con los planes de saqueo y entrega de la gestión nacional: “La Renovación es cómplice de la expoliación del imperio y es cómplice de Milei, todos los funcionarios que tiene este gobierno son cómplices de la expoliación al pueblo y ellos nos necesitan callados. Que no digamos esto, que no digamos nada. Nos quieren callar amenazándonos que nos van a llevar presos. ¡Que nos lleven presos, compañeros! Vamos a dar clase en las cárceles si es necesario pero que no se crean que nos van a callar”, sentenció el docente.
Minutos después y en diálogo con la prensa, el abogado defensor de los referentes de la CTAA, el Dr. Eduardo Paredes se refirió a la causa. “Esto no es judiciable”, definió el letrado en relación a los hechos que son parte de la acusación fiscal. “La Convención Americana es clara en cuanto al derecho a la protesta, la Constitución Argentina histórica también. El derecho a peticionar, el derecho a reunirse que implica el derecho a la protesta. Además, hay fallos de la Corte Interamericana que dicen que mientras no haya riesgo, las manifestaciones públicas no pueden ser impedidas porque es parte del derecho a peticionar. En el caso de los maestros se llega a una manifestación luego de un largo proceso de reclamo administrativo”, argumentó el abogado y profesor universitario.
Sobre la instancia de juicio oral, Paredes expresó sus expectativas de llegar a esa instancia en función del debate público sobre el derecho a la protesta: “Espero que el juicio salga, es muy importante en este momento para dejar en claro el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la resistencia pacífica que está reconocido en todo lo que se ha hecho en Argentina hasta hoy”, enfatizó.
De acuerdo con la CTAA, la provincia de Misiones estuvo atravesada en el primer semestre de 2024 por un extendido conflicto de sectores de trabajadores del Estado provincial que reclamaban recomposición salarial, tras la devaluación operada por el gobierno nacional en diciembre de 2023 y los altos índices de inflación que se registraron en los meses siguientes. Este conflicto se manifestó a través de múltiples medidas en toda la provincia, tales como asambleas, cortes de ruta, marchas y el Acampe Docente sobre la Av. Uruguay de Posadas entre el 21 de mayo y el 4 de junio de 2024.
En ese marco el gobierno provincial suscribió acuerdos salariales a la baja con los gremios oficialistas y ante la persistencia del reclamo por parte de otros sectores, recurrió a la apertura de causas judiciales para obturar el conflicto. De ellas, la causa contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez es la primera que llega a la instancia de juicio oral. Ambos fueron procesados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal” a instancias de la Fiscal de Instrucción Penal Nro. 7 Dra. Patricia Clérici.
El proceso, instruido con inusual celeridad por parte del Juez de Instrucción Nro. 7 Dr. Miguel Mattos, fue prontamente elevado a juicio, recayendo en el Juzgado Correccional y de Menores Nro. 1 de Posadas a cargo de la Jueza Marcela Alejandra Leiva. Allí se fijó la fecha del debate oral para el próximo 15 de Octubre de 2025 a partir de las 8 hs.
La CTA A Misiones y diversas organizaciones populares expresaron ya anteriormente su rechazo a la decisión del gobierno provincial de judicializar la protesta salarial, por la que en 2024, también fueron imputados doce trabajadores de salud que reclamaban en las mismas fechas la recomposición de sus salarios, y otras doce personas que participaron de una movilización a la Legislatura Provincial a fines de mayo de 2024, entre quienes también se cuentan Gurina y Sánchez.
En Misiones, llenar un changuito cuesta $ 691.579, y es la provincia con el valor más bajo del país
La causa judicial parte del desconocimiento por parte de los agentes fiscales y judiciales del derecho a la protesta y se basa casi únicamente en el testimonio de funcionarios policiales que participaron en diversos operativos en relación a las protestas realizadas entre abril y junio de 2024.
En tanto la fiscalía construyó la acusación personalizando en Sánchez y Gurina las decisiones que fueron tomadas colectivamente y en ámbitos asamblearios por docentes de toda la provincia, de sostener el Acampe sobre la Av. Uruguay de Posadas hasta obtener una Mesa de Negociación con las autoridades que permita mejorar las condiciones salariales en medio de una profunda crisis inflacionaria que había llevado el ingreso de las maestras de grado a niveles de hambre.
Respecto del contexto económico en el que se llevarán a cabo el paro y la movilización del próximo 21 de agosto, cabe mencionar que los datos actualizados de las Canastas Básica y Alimentaria, que definen los umbrales de pobreza e indigencia respectivamente, indican que una familia tipo requirió 1,6 millones de pesos mensuales para no ser considerada pobre y 630 mil pesos para no ser indigente.
En paralelo, esta semana se conoció el resultado de una medición nacional de la Consultora Analytica, que comparó el costo de una compra mensual en supermercados de distintas provincias del país. Ese trabajo señaló que Misiones tuvo en julio, el costo más bajo de un “changuito”, con 691.579 pesos. Pero ese valor está por encima del sueldo mensual de un cargo testigo en el sector educativo de Misiones: una maestra de grado sin antigüedad no llega a percibie 614 mil pesos mensuales.
