A través del Boletín Oficial de este jueves, el Gobierno nacional oficializó una reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 70/2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, modifica la estructura de la cartera económica, con eliminaciones y fusiones de dependencias clave, como la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con sus respectivas subsecretarías.

Las funciones de esta dependencia, que estaba a cargo de los programas Procrear y Casa Propia, serían absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción para incluir temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional.

Según informó La Nación, esta decisión implica una reorganización del personal que hasta ahora se desempeñaba en el área eliminada, quedando sujeto a un proceso de reasignación o desvinculación.

En tanto, la Subsecretaría de Integración Sociourbana, foco de múltiples polémicas por la gestión del fondo fiduciario de integración socio urbana (FISU) –gestión por la cual fue denunciado el dirigente del MTE Juan Grabois–, que actualmente depende de la Secretaría de Obras Públicas, no fue eliminada, pero se modificaron sus objetivos.

El nuevo organigrama del Ministerio de Economía también establece la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, que contará con subsecretarías enfocadas en distintas áreas de la matriz energética, incluyendo energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como transición y planeamiento energético.

En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, según el argumento oficial, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.

Por otra parte, la Secretaría de Transporte que ahora se estructura en subsecretarías dedicadas al transporte automotor, ferroviario y aéreo, fue reorganizada, según el decreto para mejorar la coordinación y regulación de estos sectores estratégicos.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda mantiene su función central en la gestión de los recursos del Estado, con subsecretarías de Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial. De acuerdo con el decreto, se busca fortalecer la relación financiera entre la Nación y las provincias, un supuesto objetivo que choca de plano con el manejo completamente discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con provincias como Misiones, que recibieron $13.500 millones en 2024, y otras que no recibieron ningún ATN. Ese manejo discrecional se amplificará en el presente año, porque el gobierno nacional no quiso debatir el Presupuesto 2025 y decidió prorrogar el Presupuesto 2023, por segundo año consecutivo, algo inédito en la historia reciente del país.

Respecto de la Secretaría de Obras Públicas, el decreto 70/25 amplía su rol y suma funciones que antes pertenecían a otras áreas. De acuerdo con el texto del decreto, ahora se encargará de formular y ejecutar políticas en materia de infraestructura habitacional, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras de infraestructura vinculadas al espacio público. También tendrá la responsabilidad de relevar suelos vacantes para la planificación urbana, en articulación con organismos nacionales y provinciales.

En otro de los artículos, el Gobierno introdujo un cambio administrativo y eliminó dentro de las atribuciones de la Secretaría de Obras Públicas el control del Enohsa (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento), organismo encargado de ejecutar obras de acceso al agua potable que ya había sido disuelto en noviembre de 2024.

En octubre del año pasado, el ministro Caputo había calificado al Enohsa de “antro de la corrupción”, señalando que se concentraban obras en este organismo creado en 1995, para dificultar las auditorías. En realidad, este organismo antes se denominaba Servicio Nacional de Agua y Saneamiento, por lo que, acumuló 61 años de historia.

Por entonces, desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias emitieron un comunicado en el que señalaron que el Enohsa “gestiona y financia proyectos clave para asegurar el acceso al agua potable y a sistemas de cloacas en todo el país, especialmente en regiones vulnerables donde el sector privado no suele invertir”, además de brindar “asistencia técnica a los gobiernos locales, garantizando que los proyectos sean sostenibles y de alta calidad”.