El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones
extraordinarias a partir del lunes 2 de febrero, con el objetivo de tratar los
proyectos que quedaron pendientes en el Congreso, entre ellos la reforma
laboral y la iniciativa vinculada a la protección de glaciares.
Las sesiones
extraordinarias originalmente convocadas rigieron entre el 10 y el 30 de
diciembre, pero no alcanzaron para avanzar en todos los temas incluidos en el
temario enviado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, ya quedó descartada
cualquier actividad parlamentaria durante enero.
La reforma laboral,
prioridad del oficialismo
El proyecto de
"modernización laboral" que impulsa la Casa Rosada debió ser
postergado durante diciembre ante la falta de votos suficientes para su
aprobación. La iniciativa enfrenta una fuerte resistencia del sindicalismo y
reparos en sectores de la oposición dialoguista, lo que obligó al oficialismo a
recalcular la estrategia parlamentaria.
Para febrero, el Gobierno
confía en retomar el debate con un escenario más ordenado. Patricia Bullrich,
en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, será una de las
principales encargadas de avanzar en la construcción de consensos, una tarea similar
a la que llevó adelante para lograr la sanción del Presupuesto 2026.
Negociaciones políticas y
apoyo de la Rosada
Bullrich contará con el
respaldo de referentes clave de la Casa Rosada para cerrar acuerdos, entre
ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y los presidentes de las
cámaras legislativas, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. El
objetivo es garantizar los votos necesarios para sancionar una reforma que el
oficialismo considera estructural para la segunda mitad del mandato de Javier
Milei.
En el entorno presidencial
señalan que la reforma laboral se convirtió en una de las prioridades
personales del mandatario, quien la considera central para profundizar su
programa económico y fomentar la creación de empleo formal en el sector
privado.
Otros proyectos en carpeta
Además de la reforma
laboral, el temario de una eventual extensión de las extraordinarias incluiría
el proyecto de glaciares, otra iniciativa sensible que genera debates
transversales entre las distintas fuerzas políticas.
En cambio, la reforma del
Código Penal quedó definitivamente excluida de las sesiones extraordinarias. En
el Gobierno admiten que se trata de un proyecto de gran volumen y complejidad,
que demandará meses de discusión parlamentaria y un tratamiento más extenso
durante el período ordinario.
Con este escenario,
febrero aparece como el próximo punto de inflexión legislativo para el
oficialismo, que buscará reactivar su agenda de reformas tras un cierre de año
marcado por negociaciones intensas y avances parciales en el Congreso.
Fuente: Bae
