La gestión de Javier Milei concretó uno de los movimientos
económicos y políticos más ruidosos y controvertidos de su mandato: el cierre
definitivo de la licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía
Paraná-Paraguay).
Este martes, en un intento por acelerar el trámite y
maquillar el denso clima de sospechas que rodea al expediente, el Gobierno
nacional formalizó la firma del contrato de concesión, entregándole formalmente
la llave del comercio exterior argentino al gigante belga Jan De Nul, en
sociedad con la firma local Servimagnus.
A través de una gacetilla oficial difundida por el
Ministerio de Economía, la Casa Rosada buscó instalar el relato de una
"nueva era de gestión privada" y un "hito histórico de
transparencia".
Sin embargo, detrás de la retórica oficialista que celebra
que el proceso concluyó "sin impugnaciones", se esconde una profunda
grieta de denuncias por direccionamiento, pliegos hechos a la medida de los
ganadores y un evidente entramado de amiguismo empresarial que apunta en línea
recta hacia las terminales de decisión del oficialismo.
No se trata de un negocio menor: por esta estratégica ruta
fluvial ingresa el 80% de las divisas por exportaciones del país y operan más
de 60 terminales portuarias clave para la economía nacional.
Hidrovía: el relato de la "baja de costos" para
tapar las sospechas
Para desviar la atención de las irregularidades denunciadas
por la oposición y diversos sectores de la industria pesada, el Palacio de
Hacienda prefirió centrar el anuncio en variables puramente comerciales.
Según el comunicado, el inicio de la operación bajo el
nombre de la flamante firma Vía Navegable Argentina S.A. activará de forma
"automática" una rebaja del 13,5% en el valor del peaje de la vía.
El esquema oficial promete:
- Inversión privada en obras de profundización y balizamiento.
- Incorporación de tecnología para reducir los tiempos de
salida de los buques.
- Una supuesta mayor competitividad para los sectores
industriales y agropecuarios.
Sin embargo, para los especialistas del sector, estos
anuncios de "eficiencia" funcionan como una pantalla de humo. El
apuro por firmar el traspaso de activos y el aparente aval de mesas técnicas y
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
no logran disipar la sospecha principal: una licitación de semejante
envergadura geopolítica terminó resolviéndose de forma exprés en favor de un
consorcio cuyos lazos con el poder de turno están bajo la lupa judicial.
Un control estatal bajo el signo de la duda
Hacia el final del comunicado, el Ministerio de Economía
remarcó que el Estado no se retirará del todo, sino que pasará a cumplir un rol
de superintendencia. "El gobierno nacional ejercerá su función de
autoridad de control y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de
Control", reza el texto oficial, prometiendo abrirle la puerta a usuarios
privados y a las provincias ribereñas.
La promesa de fiscalización, no obstante, despierta más
alarmas que certezas. Con el contrato ya sellado por el próximo cuarto de siglo
y los activos estatales transferidos al operador privado, el margen de maniobra
real parece escaso. Lo que la Casa Rosada vende como el fin exitoso de
"una de las licitaciones técnicamente más complejas del país", la
realidad política lo devuelve como la privatización más opaca y cuestionada del
ciclo libertario, entregando el corazón económico de la Argentina bajo un manto
de sospecha que difícilmente el río pueda arrastrar.
Fuente: M1
