Este viernes, el Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei consumó un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ahora, el Congreso puede insistir con la promulgación, si consiguen el rechazo por los dos tercios de ambas cámaras.
La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación. Pero, en particular, a los mandatarios “afines” a La Libertad Avanza, que ayer fueron a la Casa Rosada para pedir que no anulen esta ley que ellos impulsaron en el Congreso.
De acuerdo con ElDiarioAr, este veto se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, y profundizará el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. La decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.
El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los puntos centrales de la ley vetada fueron la redistribución automática de los recursos, pues establecía que los ATN serían repartidos “en forma diaria y automática” y en las mismas condiciones que la coparticipación federal. Además, la norma preveía que los recursos que la compusieran serían considerados “integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
Asimismo, la norma anulada por Milei consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los considerandos del Decreto 652/2025, el gobierno argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una “finalidad específica” de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.
Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos.
Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el supuesto equilibrio fiscal, construido sobre la base de los ataques a las finanzas de las provincias, no sólo con los ATN, sino también con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Como es de público conocimiento, el ICL tiene como asignación específica, la refacción y reparación de rutas nacionales.
Pero desde 2023, el Gobierno ultraderechista no hace ninguna inversión en rutas nacionales y utiliza el ICL para maquillar el superávit fiscal. Todo esto genera más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.
