La no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso, luego de rechazar el veto del presidente ultraderechista Javier Milei, pone en crisis a las familias de las personas con discapacidad, las cuales siguen postergadas por el incumplimiento legal en el que incurre el Ejecutivo Nacional.
Al respecto, la especialista en discapacidad y neurodiversidad Soledad Varela, subrayó que el cumplimiento de la ley no puede estar subordinado a cuestiones presupuestarias, porque el Estado asumió obligaciones con el colectivo en discapacidad al adherir a convenciones internacionales, que tienen rango constitucional.
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