Un reciente informe nacional sobre VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) muestra una realidad preocupante en Misiones: mientras la cantidad de nuevos diagnósticos es más baja que el promedio del país, la mortalidad por sida es más alta.
En 2023 se notificaron 86 nuevos casos de VIH en Misiones, lo que representa una tasa de 6,6 cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional (14,1). Además, el 41% de las personas se diagnosticó en forma tardía, aunque este porcentaje es levemente mejor que el del país (45%).
Según informaron desde el programa radial La Calaca, otro dato alentador es que en Misiones solo el 19,7% de los diagnósticos llegan en etapa avanzada de la enfermedad, mientras que a nivel nacional ese porcentaje asciende al 29%.
Sin embargo, el dato que enciende las alarmas es la mortalidad: la provincia registra 4 muertes por sida cada 100.000 habitantes, casi el doble de la media nacional (2,5).
Esto revela que muchas personas, aun con diagnóstico, no logran sostener su tratamiento de manera continua, lo que impacta directamente en la supervivencia. La falta de acceso sostenido a medicación, controles médicos regulares y apoyo social puede estar detrás de esta diferencia.
En cuanto a la sífilis, Misiones presenta una tasa de 66,7 cada 100.000 habitantes, apenas menor a la nacional (69,2), lo que muestra que sigue siendo una infección muy presente, especialmente entre jóvenes y embarazadas.
El panorama obliga a reforzar la respuesta en salud pública: ampliar campañas de prevención y acceso al diagnóstico temprano; garantizar disponibilidad de preservativos y test rápidos; y asegurar continuidad y acompañamiento en los tratamientos.
En Misiones, la clave ya no es solo prevenir nuevos contagios, sino garantizar que quienes viven con VIH tengan un acceso pleno y sostenido a la salud para que la mortalidad no siga creciendo.
Por supuesto, ese desafío para las autoridades provinciales se da en un contexto particular: hace más de 20 meses que el gobierno nacional viene recortando fondos y programas para la prevención de las ITS, para la salud sexual y reproductiva y para la Educación Sexual Integral (ESI)
