Mientras el Frente Renovador NEO, la UCR Misiones y el PRO Misiones, entre otros partidos políticos, se mantienen en silencio frente al DNU 941/25 firmado por el presidente ultraderechista Javier Milei, algunos abogados, abogadas y dirigentes misioneros señalaron que el decreto es claramente inconstitucional. Algunos, inclusive, relacionaron a este DNU que habilita a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) a detener a personas sin orden judicial, con la instalación de estados neofascistas en Latinoamérica y en el resto del mundo.
Si bien hubo pronunciamientos muy claros de abogados constitucionalistas a nivel nacional, en el plano local, ni el Colegio de Abogados de Misiones, ni especialistas en derecho constitucional, hablaron públicamente sobre el DNU firmado el 31 de diciembre y dado a conocer el 2 de enero pasado, que reforma la ley de inteligencia del Estado, sin pasar por el Congreso y con algunos artículos, en principio, inconstitucionales.
Agencia Hoy consultó a referentes partidarios y abogados, muchos de los cuales, prefirieron no contestar sobre el tema, o esperar a documentarse con especialistas en materia legal, para entonces sí, sentar una posición pública. Ello pese a que, algunos artículos, no resisten el más elemental control de constitucionalidad, como el Artículo 19 del DNU 941/25, que sostiene lo siguiente:
“ARTÍCULO 19.- Incorpórase como artículo 10 nonies de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto:
“ARTÍCULO 10 nonies.- Los órganos del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial.
En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes”.
En pocas palabras, el DNU del presidente “libertario” Milei, habilita a agentes de la SIDE a aprender a personas, sin orden judicial, como ocurre en cualquier país bajo un régimen totalitario y/o autocrático.
Según la perspectiva de la abogada laboralista, Roxana Rivas, el DNU 941/25, “básicamente es violatorio de los art. 1, 18, 19 y 28 de la constitución nacional”. En esta línea, la letrada sostuvo a Agencia Hoy, que el DNU 941/2025 sobre inteligencia, “es inconstitucional y peligroso porque amplía de manera excesiva las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sin control judicial ni parlamentario.”
“El decreto permite tareas de inteligencia encubiertas como regla, acceso a datos personales, cooperación con Fuerzas Armadas y hasta detenciones en flagrancia, lo que pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y el debido proceso”, enfatizó la abogada.
“Además, no existiría una urgencia real que justifique el uso de un DNU para reformar el sistema de inteligencia, consolidando un modelo opaco, centralizado y con escaso control democrático, con potencial para la persecución de ‘enemigos internos’ como periodistas, organizaciones sociales o sindicales”, alertó.
Por su parte, el abogado y profesor universitario, Eduardo Paredes, coincidió con el análisis de Rivas, y lo amplió, al vincular este tipo de medidas con el advenimiento y consolidación de estados protofascistas o neofascistas. “Todo ese decreto es inconstitucional: Uno, porque es un decreto de necesidad de urgencia y urgencia no hay (necesidad y urgencia); segundo, porque por decreto, se está modificando toda la estructura de la SIDE. Y lo más importante, quizás, es que no se define claramente, qué son las actividades que generan ‘riesgos para la seguridad nacional’, ‘externa’ o ‘interna’”, argumentó el catedrático.
Lo que se concibe como peligro para la seguridad nacional, “es totalmente ambiguo y al no definir parámetros claros, se pueden poner a investigar a cualquiera, cualquier movimiento, cualquier cosa que les parezca disidente. Lo cual genera la construcción de un modelo autoritario neofascista”, reflexionó Paredes.
“Otra cuestión gravísima es que con esa información pueden detener gente, porque en general cualquiera puede tener gente, se llama actuación ‘pro magistrato’ en un estado de flagrancia. Cualquiera de nosotros si ve a alguien que está robando a una persona, la podría detener hasta que venga la policía, que son casos de flagrancia”, explicó Paredes, llamando la atención sobre otras cuestiones vinculadas a las detenciones que habilita el DNU 941/25.
Respecto de la facultad de “detener” personas “por su propia investigación [de la SIDE], no sé si se dice cuánto tiempo, sin tiempo, sin orden judicial. Es gravísimo”, subrayó.
“En general, en toda esta legislación de este gobierno, es lamentable el silencio de las organizaciones vinculadas a la actividad judicial. Se están perdiendo todas las libertades en el silencio total. Se está perdiendo en algunas cuestiones de crítica a determinados Estados como Israel, lo que ocurre con Vanina Biasi y el juez Daniel Rafecas, que tanto hablaba de derechos humanos”, cuestionó Paredes.
Para el abogado penalista, lo más preocupante frente a el recrudecimiento de losa rasgos autoritarios del gobierno de Milei, es “el silencio del Poder Judicial, el silencio de las organizaciones en general de derechos humanos vinculadas a la actividad judicial de colegios públicos, las propias universidades. Es decir, es muy grave lo que está ocurriendo”, apuntó Paredes.
“Vamos yendo a estados muy autoritarios, paradojalmente hablando de libertad. La única libertad que se ve en esto es la libertad financiera, pero, se están construyendo estados neofascistas”, sentenció el abogado.
A su tiempo, el diputado provincial Cristian Castro (PAyS) comentó ante la consulta de este medio: “lo que estamos viendo con esta modificación no es una simple reforma administrativa; es, lisa y llanamente, el intento de legalizar una policía política que actúa en las sombras, lo mismo que muchos libertarios en Misiones, criticaron a la renovación y llamaron ley mordaza”, fustigó.
“En Argentina, el pacto democrático del '83 nos dejó una lección dolorosa pero clara: los servicios de inteligencia están para pensar la soberanía nacional, para cuidar nuestros recursos y prevenir amenazas externas, no para andar persiguiendo o deteniendo ciudadanos en la calle”, fustigó Castro.
Asimismo, para el legislador del Partido Agrario y Social, “otorgarle a agentes secretos, que manejan fondos reservados y cuyas identidades no conocemos, la facultad de usar la fuerza y de detener personas bajo la excusa de la flagrancia, es romper el Estado de Derecho. Es volver a una doctrina de seguridad donde el enemigo es el propio compatriota”, manifestó.
“Si un agente de inteligencia puede repeler agresiones o detener a alguien en cualquier lugar de forma circunstancial, lo que están creando es un blindaje de impunidad: nadie va a poder controlar qué pasó realmente en ese procedimiento, porque todo va a quedar bajo el manto del secreto de Estado”, subrayó el diputado provincial.
Por último, Castro sostuvo, “desde el PAyS y desde campo nacional y popular, nosotros sostenemos que el Estado debe ser transparente y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, siempre de cara a la sociedad y bajo control judicial estricto. Esto que proponen es un retroceso de 40 años; es poner a los espías a hacer el trabajo de la policía, pero sin uniformes, sin identificación y sin rendirle cuentas a nadie”, denunció.
“Es una herramienta de disciplinamiento social que no tiene lugar en una democracia madura”, sentenció el legislador.
Este medio trató de contactar a diversos dirigentes de la UCR, el PRO, el Frente Renovador Neo y otros espacios, para conocer su punto de vista frente a este DNU que ya está vigente, pero no respondieron a la requisitoria. Como puede verse en las redes sociales, el DNU 941/25 no forma parte de la agenda política de los partidos mencionados.
En tanto, referentes del Colegio de Abogados de Misiones prometieron analizar la cuestión y brindar un posicionamiento en los próximos días.
Cabe subrayar que el DNU 941/25 ya entró en vigencia debido a la cuestionable regulación que impuso la Ley 26.122, o Ley Cristina Kirchner, que estipula que todos los DNU entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y sólo pueden ser anulados, si ambas cámaras se reúnen y los rechazan por mayoría simple.
