En una jornada vertiginosa que
comenzó con el anuncio del cierre definitivo de Fate, la mayor fábrica de
neumáticos del país, y continuó con fuertes cruces políticos, el Gobierno
Nacional decidió intervenir de oficio para evitar una escalada mayor del conflicto
social.
A primera hora de la tarde de este
miércoles, la Secretaría de Trabajo, bajo la conducción de Julio Cordero, dictó
la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles.
La medida administrativa pone en suspenso la decisión de
Fate de cesar sus operaciones en la planta de San Fernando y, fundamentalmente,
deja sin efecto temporalmente los telegramas de despido que alcanzaban a más de
900 trabajadores.
La resolución llegó luego de una
audiencia de urgencia convocada por la cartera laboral, donde se vieron las
caras los representantes legales de la compañía, propiedad de la familia
Madanes Quintanilla, y la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del
Neumático Argentino (SUTNA).
Durante el encuentro, que se
desarrolló en un clima de extrema tensión, el Gobierno instó a las partes a
retrotraer sus acciones para abrir una ventana de negociación. En términos
legales, el dictado de la conciliación obliga a la empresa a reincorporar a los
operarios en sus puestos de trabajo —o en su defecto, a abonar los salarios
caídos aunque no les asigne tareas efectivas— y al gremio a abstenerse de
realizar medidas de fuerza directa, como bloqueos o tomas de fábrica.
El trasfondo del conflicto de Fate
La intervención de Julio Cordero
busca poner paños fríos a una situación que amenaza con desbordarse. Horas
antes, Fate había comunicado oficialmente la extinción de todos los contratos
laborales argumentando la imposibilidad de competir frente a la apertura de
importaciones y la pérdida de mercados externos.
El escenario es complejo: mientras
el sindicato exige la reapertura inmediata de la planta y la defensa de los
puestos de trabajo, la empresa sostiene que la inviabilidad económica es
irreversible. A esto se suma el condimento político, agravado por el reciente
posteo del presidente Javier Milei en redes sociales y el comunicado de la
Unión Industrial Argentina (UIA), que alertó sobre la destrucción de casi
65.000 empleos industriales en los últimos dos años debido a la falta de
competitividad sistémica.
Con este paréntesis de dos
semanas, se abre ahora una etapa de negociaciones técnicas. El objetivo de la
Secretaría de Trabajo es monitorear si existen alternativas intermedias que
eviten el desmantelamiento total de una planta histórica que opera desde hace
más de 80 años, o si el conflicto derivará inevitablemente en una batalla
judicial por las indemnizaciones una vez vencido el plazo de la conciliación.
Fuente: M1
