En el inicio de una semana en donde las investigaciones
judiciales atraviesan las gestiones del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados
avanzó con distintas tareas de control. Entre ellas, discutió las condiciones
de una comisión investigadora por la distribución de fentanilo contaminado en
hospitales.
Por la causa, han sido registrados al menos 96 muertes,
distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires.
Antes del debate parlamentario, familiares de víctimas
tomaron la palabra. Entre ellas, Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala
-fallecido en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires-, quien le
solicitó al Congreso "compromiso y acción inmediata en relación a la
situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz
de la provisión de fentanilo adulterado".
A su vez, solicitó asistencia psicológica los involucrados,
la entrega de historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los
centros sanitarios involucrados.
En el encuentro informativo de la Comisión de Peticiones,
Poderes y Reglamento se coincidió en constituir la comisión investigadora la
próxima semana con criterios de conformación similar a la abocada a la causa
$LIBRA, aunque cualquier definición sería en un plenario conjunto con la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
En ese marco, buscan elaborar un informe final que pueda
generar información vinculante para la justicia, donde conste el rol de los
laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, su posible vínculo con Ejecutivos
provinciales y el nacional y las responsabilidades políticas y materiales de
las muertes.
Entre las diferencias, el radicalismo pidió más de 90 días
para la elaboración del informe (plazo acordado por la mayoría de miembros), el
peronismo solicitó que la comisión investigadora sea integrada también por
miembros del Senado de la Nación y el Frente de Izquierda señaló la necesidad
de que los familiares de víctimas accedan también a todas las reuniones. La
comisión tendría la facultad de convocar a funcionarios públicos y requerir
documentación a las instituciones involucradas.
El pasado 14 de agosto, la Comisión de Acción Social y Salud
Pública aprobó un dictamen unificado para realizar un pedido de información al
Poder Ejecutivo, en donde conste la cantidad de víctimas con información
detallada de su edad y distrito, la cronología de detección del brote, el rol
de la ANMAT en las inspecciones, las medidas para garantizar el retiro de los
lotes contaminados y una descripción exhaustivo de información legal de HLB
Parma y Ramallo. El Congreso aún no recibió ninguna respuesta.
Fuente: Ámbito
