Esta semana, el presidente ultraderechista Javier Milei firmó el decreto de ascenso de Mariana Plaza como embajadora argentina en el Reino Unido, una diplomática que sería responsable de una política de acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Islas Malvinas.

Según publicó el portal LPO, los veteranos de Malvinas repudian a Plaza a quien acusan de “cooperar con los usurpadores y dejar de lado la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas usando otros modos ya probados por otros gobiernos y dejando a nuestra patria en situación vergonzosa”.

Al respecto, cabe remarcar que en febrero, cuando Plaza fue ratificada por el Senado, la Confederación de Combatientes de Malvinas denunció: “Evidentemente viene pregonando un affaire anglosajón y no ha dudado en decir que hay que renunciar al reclamo. Esta actitud ya no nos asombra ya que estaría en consonancia con la política exterior de nuestro actual gobierno”, alertaron los veteranos.

Por entonces, en sesiones extraordinarias, solo alcanzó con los votos del bloque libertario para promover a Plaza, pero tuvo 24 votos en contra del peronismo, algo inédito en este tipo de votaciones de ascensos a diplomáticos.

La designación fue publicada en el Boletín Oficial e incluye también al marido de Plaza, Carlos Ortíz de Zarate, actual número dos de la embajada en Londres.

En consecuencia, esta designación de Milei con Plaza confirma el giro anti-reclamo de Malvinas que propone la embajadora y quedó manifestado en el discurso del 2 de abril en donde el presidente rompió el reclamo histórico y reconoció la autodeterminación de los “malvinenses”.

Ese discurso de 7 minutos, que dijo antes de viajar a Estados Unidos para tratar de conseguir una foto con el presidente Donald Trump, derivó en una denuncia penal contra Milei por “traición a la patria”. Esa presentación la realizó la Confederación Nacional de Combatientes, y el Centro de Ex Combatientes de La Plata presentó un pedido de juicio político.