Luego de dos intentos fallidos en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley de ficha limpia que apunta a que personas condenadas por corrupción no puedan competir como candidatas en elecciones nacionales, recibió media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones tras más de diez horas de debate. Ahora, la definición queda en manos del Senado, que podría convertir en ley, la iniciativa que dejaría fuera de la competencia electoral a la expresidente Cristina Kirchner.

En el caso de los diputados por Misiones, como se esperaba, los siete votaron a favor de la iniciativa, algo que viene sucediendo en el último año, tras el pase al oficialismo de La Libertad Avanza de Martín Arjol. El radical con peluca, la puertista obereña Florencia Klipauka forma parte de LLA y el macrista Emmanuel Buanchetti, aportaron sus votos para el proyecto que impediría a Cristina Kirchner, presentarse a elecciones. De igual manera votaron los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, quienes propusieron la llamada “ficha limpia digital”.

El proyecto de Ficha Limpia, parte del temario de extraordinarias diseñado por el Gobierno, había recibido aval en comisiones la semana pasada, pero allí se firmaron seis dictámenes. De acuerdo con el portal Parlamentario, en la previa de la sesión, La Libertad Avanza encabezó una negociación con los bloques dialoguistas, en la que también participó el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, pese a que está siendo aislado y excluido por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Tanto quienes habían firmado en disidencias el despacho de mayoría, como quienes suscribieron textos alternativos, rechazaban la denominada “cláusula Petri”, en alusión al ministro de Defensa, Luis Petri, quien trabajó en la elaboración del texto enviado desde Casa Rosada.

Se denomina “cláusula Petri” al último párrafo del artículo 1, que indica que el impedimento de ser candidatos a quienes tengan fallos en contra por corrupción en segunda instancia sólo se aplicará si se emiten en años no electorales. Para el Gobierno, de esa manera, se evitan las acusaciones de proscripción. En la oposición dialoguista creen que es inconstitucional y habilita a los jueces a controlar las listas a gusto.

El proyecto introduce una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner, en la causa Via7lidad.

La novedad de la propuesta del presidente Milei había sido, justamente, la inclusión de la cláusula Petri, que determina que la inhabilitación electoral correría en caso que la persona hubiera recibido la sentencia hasta el 31 de diciembre de un año no electoral y no, en cambio, si ocurría a partir del 1ro. de enero del año electoral.

Los diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto, al considerarlo anticonstitucional y a partir de un acuerdo sellado este martes, se modificó el dictamen en su artículo 1ro. para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales. Para este año, la fecha clave será el 29 de abril.

De acuerdo con Parlamentario, se agrega en el artículo, que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

La sesión estuvo marcada por el fuerte rechazo que expresaron los diputados de Unión por la Patria, quienes denunciaron la proscripción de Cristina Kirchner.

Con cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento intercalados durante el debate del único proyecto que había en el temario, pasado el mediodía la sesión atravesó un pico de tensión. Sin poder extender la sesión porque se acordó una lista acotada de oradores, y en una sesión en la que hubo insultos y hasta invitaciones a peleas a golpe de puño, se terminó votando cerca de las 22 horas de este miércoles.

Ahora, si el oficialismo libertario, que dejó sin quorum el tratamiento de anteriores proyectos de Ficha Limpia a fines del 2024, pretende convertir en ley este proyecto, necesitará reunir 37 senadores que voten a favor de la iniciativa. El bloque de Unión por la Patria cuenta con 34 bancas –cuando asuma la camporista Estefanía Cora, en reemplazo del acusado de contrabando y lavado de dinero, Edgardo Kueider–.

Como el chaqueño Víctor Zimmermann –aliado del gobierno– solicitó licencia hasta el 1° de marzo, para sumarse al Gabinete del gobernador Leandro Zdero, quedan 37 bancas y no 38. Entonces, el conteo para uno y otro bando, es decir los que quieren sancionar la ley y los que se oponen, está muy ajustado y cualquier ausencia o abstención puede ser determinante.