El vicegobernador de Misiones y
responsable del Consejo provincial de Discapacidad, Lucas Romero Spinelli
defendió los derechos de las personas con discapacidad.
El funcionario sostuvo que la ley
enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso nacional “no ordena,
recorta” un área muy vulnerable del Estado.
En esa línea, Spinelli como
titular del área en Misiones rechazó la normativa por considerarlo que sobrepasa
límites, al tiempo que expresó en sus redes sociales, “un proyecto que obliga a
una persona con discapacidad a elegir entre trabajar o cobrar una pensión, no
es inclusión, es exclusión”.
Además, explicó que la iniciativa
plantea “la incompatibilidad entre el trabajo formal o recibir el beneficio, recortando
la posibilidad de que puedan recibir un ingreso adicional, sumado a la quita de
incentivo para que las empresas contraten (personas con discapacidad) eso
cierra aún más las puertas”.,
“El trabajo no puede ser un castigo tiene que ser una oportunidad. Auditoria sí, pero no retroceder en los derechos”, sentenció Spinelli y agregó “en Misiones lo tenemos claro” por eso “la discapacidad no se ajusta se respeta”.
Qué cambios promueve el Gobierno
El Gobierno nacional envió al
Congreso un proyecto de ley que introduce cambios profundos en el sistema de
discapacidad, con nuevas restricciones para acceder a beneficios,
reempadronamiento obligatorio y modificaciones en el financiamiento de
prestaciones.
La iniciativa, titulada “Contra
el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fue presentada en el Senado y busca
reemplazar aspectos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente.
Reempadronamiento obligatorio y
control de pensiones
Uno de los ejes centrales del
proyecto es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los
titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar
nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
El texto establece que quienes no
cumplan con este proceso sufrirán la suspensión automática del beneficio.
Además, se implementarán controles más estrictos mediante el cruce de datos
entre organismos públicos.
También se habilita la suspensión
“preventiva” de pensiones ante inconsistencias detectadas, con posibilidad de
revisión posterior.
Cambios en montos y condiciones
laborales
El proyecto fija el valor de la
pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina
adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables.
En el plano laboral, introduce
una incompatibilidad absoluta con el empleo formal, lo que impediría que una
persona con discapacidad mantenga la pensión si accede a un trabajo registrado.
Eliminación de beneficios y
desregulación del sistema
La iniciativa también propone
eliminar incentivos a empresas para contratar personas con discapacidad y
suprime programas de inclusión laboral.
En cuanto al sistema de
prestaciones, el texto elimina el nomenclador nacional —que fijaba aranceles
mínimos— y avanza hacia una desregulación de precios entre prestadores y
financiadores, como obras sociales y prepagas.
Además, se prevé que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan firmar convenios para administrar los fondos del sistema.
Con datos de Infobae/NA
