Referentes de comunidades mbya se manifestaron este martes en la Plaza 9 de Julio, frente a la Gobernación de Misiones, con una serie de reivindicaciones en un contexto crítico, por el aumento de los conflictos por territorio, que se agravaron desde diciembre del 2024, cuando el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei, a través del Decreto N° 1093/24, derogó el Decreto N° 805/21, que prorrogaba la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
La marcha estaba prevista para este lunes, pero la lluvia postergó la movilización, que en principio, se debía a los siguientes reclamos al Gobierno provincial:
*regularización de tierra y territorio
*incorporación de la ley 4000 a la Constitución provincial
*derecho a la luz y el agua
*derecho a la salud
*viviendas dignas
*caminos en condiciones
*educación intercultural
*inversión y políticas públicas
*basta de intrusiones y desmonte
En ese contexto cacique de la comunidad Tape Mirí, Hilario Moreira, dialogó con LT4 y Agencia Hoy. “Desde el comienzo de este año ya hemos tratado de ver esta situación por el problema territorial, es el primer punto que venimos reclamando”, contó Moreira.
“Sabemos que es un tema muy complejo, la tenencia de tierra, pero en la provincia tampoco hay leyes que regularicen la tenencia y entonces nosotros queremos plantear al gobierno provincial, como afectados, poner como propuesta de participación y no lo digo yo solamente porque soy cacique, sino también es un derecho constitucional”, comentó Moreira.
De acuerdo con el referente mbya, desde las comunidades “vemos mucho más conflicto con los vecinos. (Hay) comunidades que vienen ocupando ancestralmente las tierras y como no hay regularización, estamos teniendo mucho conflicto”, reveló.
El cacique apuntó al caso de San Ignacio, con la comunidad Mbocayatí, “que es primer punto también, un tema muy complicado, pero queremos que se resuelva lo antes posible. Para eso queremos que la agenda política también incluya el tema de la tierra y territorio”, sostuvo Moreira.
Asimismo, Moreira apuntó a la situación en Capioví, en “El Pocito, un conflicto bastante grande también, pero creemos que (hay que) sentar(se) y buscar la manera de solucionar. Es la mejor vía de diálogo. Nosotros estamos para eso y queremos que nos escuche el gobierno provisional”, insistió.
Repreguntado sobre el rol de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, Moreira reveló que este lunes, cuando los referentes de las comunidades llegaron a Posadas, el organismo “apareció a ofrecer algunas ideas pero no concretamente, así, no tan viables y apareció también ahora, que quería reunirse con algunas personas cercanas al gobierno. Pero nosotros queremos hablar directamente con el gobernador o si no con el vicegobernador”, aclaró Moreira sobre un intento de la DPAS de abortar la manifestación.
Dejando en claro que el conflicto por el territorio se inició “desde la llegada” de los europeos al continente americano hace más de 500 años, Moreira recalcó que “problema territorial, es mucho más grave hoy en día. Cuando no se resuelve esa cosa también va agravándose más y es mucho más complicado y a la vez complejo porque muchas veces también la población indígena, fueron aumentando muchísimo más y entonces hoy se necesita resolver ese tema”, consideró.
“Necesitamos que (en) ese tema también se tome medidas en serio”, insistió Moreira sobre el aumento demográfico y el lógico aumento de la presión por tierras.
En cuanto a la cuestión ambiental, Moreira no dudó en señalar que “fueron agravándose no sólo la deforestación, plantación de pino, ganadería, los cauces de los arroyos que utilizábamos para pescar… hoy en día es mucho más complejo y muchas veces comunidades que cuentan con poquita superficie para tanta familia.”
“Hasta este momento no hay nadie que autoriza, pero nosotros por derecho seguimos ocupando nuestro territorio, como así lo manifiesta la Constitución Nacional”, dijo Moreira que apuntó a los efectos de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Con esa norma del 2006, según Moreira, “el 70% de las comunidades pudieron demarcar su territorio, pero bueno, siempre hay una falla técnica, muchas veces no se respeta. Y como ahora se derogó la ley 26.160, (personas) se creen los dueños (dado) que ya no existe más ese derecho. Entonces nosotros creemos que la ley de emergencia fue en su momento para buscar mecanismo de solución y para también demostrar por donde tradicionalmente ocupaban las familias”, explicó el cacique, diferenciando a la ley 26.160 del derecho constitucional a tierras, de comunidades preexistentes al Estado Nación argentino.
“Somos dueño de esta tierra”, resumió el cacique.
