La caída en la recaudación producto de la recesión económica y del recorte de impuestos a grupos concentrados y a las grandes fortunas de Argentina, puso en jaque al gobierno ultraderechista de Javier Milei, que prepara un ajuste salvaje, con un tarifazo muy significativo, para después de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
Según informó el portal LPO, la recaudación del Estado se está desplomando entre 15% y 20% interanual, las retenciones cayeron 40%, el Impuesto Pais se achicó 35% con la desaceleración de la actividad que hundió la base imponible que alimentaba IVA y Ganancias. En conjunto, la caída de la recaudación alcanza al 1,5% del PBI, apenas 0,3% menos que el superávit alcanzado en 2024.
Para sostener la meta fiscal acordada con el FMI Milei va a tener que ajustar por lo menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado, lo que equivale a más de 10 billones de pesos. Esa cifra no es un número abstracto: es la dimensión del ajuste que se viene para la última parte del año, que podría poner en riesgo, los acuerdos políticos de la administración ultraderechista con los gobernadores.
Dado que gran parte del gasto público está indexado por ley, jubilaciones mínimas, deuda, asignaciones y prestaciones sociales, todo el ajuste deberá concentrarse en el gasto no indexado, es decir, salarios, subsidios, obras públicas y transferencias a las provincias.
En rigor, ese ajuste de Milei contra las provincias, ya empezó. Según el citado portal, un gobernador del norte dijo en estricto off-the-record, que luego de meses de tortuosas negociaciones había logrado que Nación le pague dos tramos del asfaltado de una ruta productiva crítica, pero “los pagos se frenaron”.
Lo que sucede es que la monumental caída de la recaudación dejó al Tesoro sin la red de contención que tuvo en la primera mitad del año.
Ahí aparece la maniobra que el Gobierno usó para atravesar el calendario electoral con el menor ruido posible. En julio y agosto, mientras el dólar mayorista comenzaba a aumentar bajo el régimen de flotación entre bandas acordado con el nuevo endeudamiento con el FMI por USD 20 mil millones, el Estado decidió pisar el traslado a tarifas y aumentó los giros a Cammesa hasta niveles inusuales.
Fueron 652 millones de dólares en julio y 491 millones en agosto para la compañía administradora del mercado eléctrico argentino, muy por encima del promedio del primer semestre, tal como revelo un informe que dio a conocer el Partido Justicialista. Fue una contención deliberada para que el impacto no llegara a la boleta antes de votar. Pero ese dique ya no se puede sostener.
“La devaluación acumulada desde el 11 de abril que se pasó al esquema de flotación se acerca al 40%. De no haber mediado el aumento de subsidios, la suba del tipo de cambio se traslada en un 90% a la factura. Ese salto fue contenido, pero ya no alcanzan los fondos para seguir sosteniéndolo. Sobre ese aumento escondido, se va a montar una eventual devaluación post electoral. El impacto puede ser altísimo", indicó a LPO un ex funcionario de Energía.
En paralelo, en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envío al Congreso para el ejercicio 2026, los números esconden una lógica clara: mientras las partidas indexadas muestran una variación real positiva, el resto del gasto se prepara para una caída mucho más profunda. Esto vaticina tensiones con los gobernadores aliados que ahora volvieron a acercarse al Gobierno, con la expectativa de recibir fondos.
Entre los gobernadores aliados, hay que contar al misionero Hugo Passasalacqua, a quien responden los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Estos últimos, como ejemplo del alineamiento con la Casa Rosada, no participaron de la reunión de las comisiones de minería y de ciencia, donde se debate un proyecto para impedir que Milei privatice Nucleoeléctrica SA, la empresa controladora de las centrales nucleares y de represas, que tiene un fuerte superávit operativo y la administración libertaria quiere vender.
Al respecto del tenor y las características del ajuste feroz que implementará Milei, el director del IARAF, Nadin Argañaraz, comentó a LPO que antes de que el gasto total pueda mostrar una suba moderada, es necesario que las partidas no indexadas caigan con más fuerza para reducir el peso del Estado sobre el PBI.
De hecho, el ajuste ya empezó en todas las áreas del Estado. El déficit operativo de empresas públicas se derrumbó un 26,7%, los bienes y servicios cayeron 4,9% en términos reales, y los otros gastos se ajustaron un 5,4%, mientras el gasto que la ley protege crece automáticamente.
“Ya se habían hecho simulaciones para el cierre fiscal 2025 con distintos escenarios de caída de ingresos y el resultado era siempre el mismo: si la recaudación afloja, el ajuste tiene que concentrarse en el gasto no indexado”, explicó Argañaraz.
