En el marco del paro de docentes y no docentes universitarios, en repudio a la decisión del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, que promulgar la ley de financiamiento universitario pero suspender su aplicación por tiempo indefinido, los estudiantes de Posadas organizaron una olla popular, para reunirse y definir los planes a seguir por el movimiento estudiantil, en defensa de la universidad pública.
En diálogo con la radio LT4, el consejero estudiantil Lucas Ruiz Moreno, confirmó la realización de la comida comunitaria y una asamblea general, para el próximo jueves, en el contexto de un grave conflicto interno en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por supuestas maniobras de fraude en las elecciones de la casa de altos estudios.
“Nos gustaría estar estudiando, haciendo otras cosas, pero tenemos que hacer una olla popular porque los compañeros si no, capaz no coman. Entonces hay que tomar determinaciones y por lo cual nosotros decimos hay que hacer una olla popular y poner en eje nuestras reivindicaciones, nuestra lucha y nuestra postura”, explicó el estudiante de Historia, y futuro licenciado.
El referente estudiantil, aclaró que ya preveían que el gobierno de Milei no iba a cumplir con la ley de financiamiento universitario, que fue vetada pero el Congreso logró los dos tercios para insistir y promulgar la norma. “Habíamos señalado siempre de que no había que confiar en una ley de financiamiento universitario, que es lo que llevaron adelante todas las burocracias sindicales”, detalló Ruiz Moreno, quien apuntó que es una incongruencia encomendar a un gobierno como el de Milei, “que cambie su política económica, cuando tiene una política muy decidida que fue la destrucción sistemática de la Universidad Pública.”
“Por lo cual nosotros no nos sorprendimos y dijimos a no confiar en esta ley y vamos por la rebelión universitaria como lo hicimos el año pasado. Con esa propuesta agitamos a los estudiantes, señalamos eso, advertimos sobre esa situación, pero al mismo tiempo movilizamos”, planteó el referente. Y amplió: “Nos sumamos al reclamo (de la ley de financiamiento), pero señalando esa (incongruencia)”
Al respecto, Ruiz Moreno insistió en que “nuestra posición tiene una coherencia mucho más notoria, porque la ley se aprobó, pero sin embargo no se aplica. Incluso si esa ley se aplique, tampoco va a mejorar la situación de destrucción que le hizo el gobierno. El gobierno hizo una masacre en la universidad, la destrucción es terrible. Ningún tipo de ley que apenas aumenta el presupuesto, va a arreglar toda la destrucción. Necesitamos una mejora estructural del sistema universitario. Por lo cual, este gobierno se tiene que ir. Esa es nuestra posición”, manifestó el estudiante.
Consultado sobre los efectos de los casi dos años de juste del gobierno liberticida sobre las universidades públicas, Ruiz Moreno advirtió que “la deserción estudiantil alcanzó cifras históricas”, hay caída en la matrícula y en las inscripciones, que pasaron de 300 a 60 alumnos. “Los compañeros ya no nos encontramos en la situación donde no hay estudiantes que se dedican únicamente a estudiar. Esas son excepciones de muy pocos estudiantes. La mayoría de nosotros somos trabajadores, en la mayoría de los casos precarizados, que vemos cómo sorteamos nuestra suerte en la universidad para poder parar la olla”, graficó.
Solamente en Humanidades, por la lucha titánica que dieron sus estudiantes el año pasado a mantenido el comedor (universitario) Pero en La Facultad de Ciencias Exactas, la de Enfermería, se quedó sin comedor; en Ciencias Económicas, avanzó en el arancelamiento de comedor, por lo cual el ataque fue brutal y contó con la complicidad de las autoridades”, cuestionó.
“Eso significó en el marco de los estudiantes, el abandono parcial. Muchos compañeros dejan muchas materias que cursar en función por qué no llegan. O abandonan totalmente y dejan a universidad. Y en ese marco estamos. Por lo cual nosotros señalamos que la Universidad Pública está en una situación de terapia intensiva. Funciona, pero cada vez con menos presupuesto”, alertó el estudiante.
En ese contexto, de acuerdo con Ruiz Moreno, “si el movimiento estudiantil se levanta y lucha por sus reivindicaciones, esto no va a ser posible defenderlo, porque tampoco es las autoridades, las burocracias sindicales están dispuestas a desarrollar una lucha en defensa concreta de la universidad”.
Por otra parte, respecto de la asamblea general de este jueves, Ruiz Moreno confirmó que tiene que ver con un reclamo por maniobras de posible fraude en la elección del Centro de Estudiantes. “Entre otras cosas también porque estamos denunciando un fraude electoral acá en la Facultad de Humanidad por la elección del centro de los estudiantes, con la total complicidad de la gestión de la Universidad”, cuestionó el consejero, insistiendo en que esta situación no tiene precedentes.
“Pasó lo siguiente, la junta electoral por usos y costumbre, se constituyó entre gallos y medianoches; tomaron decisiones totalmente fraudulentas y que no tienen precedentes a alguno. La facultad de humanidades tiene extensiones a áulicas, y ellos decidieron que las extensiones áulicas voten cinco días antes y que (los votos) se guarden en Decanato. No solo señalamos que decanato no es un lugar neutral, el decano tiene una remera de una agrupación. Por lo cual ese procedimiento ya es un chantaje”, fustigó Ruiz Moreno.
De acuerdo con el referente estudiantil, ese tipo de prácticas, es anterior a la ley de Sáenz Peña, con lo cual, de concretarse el voto con días de anticipación y el resguardo de las urnas en decanato, se estaría “volviendo un siglo atrás.”
“Hay que avanzar una vez más en confiar en las bases y en el movimiento estudiantil para reconstruir nuestro gremio desde abajo. Por lo cual nosotros convocamos a una asamblea de jueces para, además de debatir la cuestión de la Junta Electoral, debatir otras cuestiones que tienen que ver con la refacción de los albergues, y sumarnos al reclamo por el desprocesamiento de Mónica Gurina y de Leandro Sánchez”, explicó Ruiz Moreno, en apoyo al reclamo de los sindicatos docentes contra el juicio que se llevará a cabo en noviembre, contra los referentes de la CTA Autónoma, acusados de desobediencia judicial por los acampes de mayo del año pasado, en el contexto del reclamo salarial masivo, en conjunto con policías y empleados sanitarios.
