Este sábado, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua firmó el decreto que destituye de la Policía de Misiones a siete policías y un retirado que formaron parte de la Mesa de Diálogo con la fuerza y eran delegados de distintas comisarías, en el marco del proceso penal por supuesto intento de sedición por el que están detenidos.

El miembro saliente entre los uniformados y retirados que perdieron su estatuto de policías, es Ramón Amarilla, el vocero principal de la mesa de diálogo policial en los últimos años, y el referente más visible del acampe policial de mayo. Todos los destituidos formaban parte del grupo de whatsapp Solo Cola, del que trascendieron mensajes que demostrarían un intento de organizar una nueva revuelta policial en Misiones. Amarilla había rechazado por insuficiente, el incremento salarial del 5,5% que impuso el gobierno provincial a policías y penitenciarios de Misiones para los salarios de septiembre, que se efectivizarán el próximo 28 del corriente.

Antes de ser publicado en el Boletín Oficial de Misiones –las publicaciones se realizan de lunes a viernes– parte del decreto de Passalacqua destituyendo a Amarilla y a siete policías en actividad, ya se filtró a medios posadeños.

Así se confirmó la destitución con “pérdida del estado policial, conforme al artículo 62 de la Ley XVIII – N° 3 (Antes decreto ley 570/71), a partir de la fecha del presente decreto, por quebrantamiento de los artículos 83 incisos f), i), j) y k), (y) 84 apartado 1° inciso c) y s)”

Además, de Amarilla, fueron destituidos los oficiales ayudantes Diego Correa y Horacio Coutto; el oficial subayudante Iván Arrieta, los sargentos Ramón Arrieta, Lisandro Canteros y Joaquín Orrego; y el cabo 1° Adolfo Guirula. Cabe recordar que el primero de los mencionados, Correa, fue detenido por las declaraciones de un colega suyo de la Comisaría 10ma., que lo acusó de haberlo invitado a formar parte de una protesta por los bajos salarios que predominan en la fuerza.

Por esa acusación, Correa fue detenido y se le incautó el teléfono celular. El aparato fue peritado por la SAIC (Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas) y se encontró el grupo “Solo Cola”, del que formaban parte los agentes mencionados, junto a Amarilla, en los que se habrían cruzado audios que muestran una organización para una protesta que incluía el robo de autobombas.

El artículo 2° del decreto firmado por Passalacqua este sábado, determina que “sin perjuicio de la medida de destitución por establecida en el artículo 1° del presente (decreto), será también de aplicación la medida de Destitución por exoneración de la policía de la provincia de Misiones, a los nombrados, según corresponda, una vez finalizadas las actuaciones judiciales que se encuentran en proceso y mediare condena judicial (…)”

En el gobierno provincial tomaron la máxima pena administrativa posible contra los delegados y el referente de los retirados de la policía, porque estos mensajes en los teléfonos mostraban un intento de reiterar una protesta policial, en un escenario similar al da mayo: la recomposición salarial a la fuerza es rechazada por la mayoría de los uniformados, que, además, conocen que otros sectores de empleados públicos recibieron pautas salariales mejores, por caso, los de Salud Pública, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y otros de la administración central.

Por otra parte, la medida se puede leer como un fuerte mensaje hacia el conjunto de los uniformados y el resto de los agentes y retirados que formaron parte de la mesa de diálogo: el acta acuerdo firmada en mayo, en la que había un compromiso para no avanzar con medidas de castigo administrativas o judiciales, no se va a cumplir.

De hecho, la causa contra los cabecillas del acampa policial de mayo –en el que confluyeron docentes, sanitarios y otros sectores de estatales–, que se instruye en el juzgado del juez instrucción Ricardo Balor, sigue su curso. Esta semana, con la detención de Correa el lunes, se abrió una segunda causa por “sedición” pero en el juzgado del juez penal Fernando Verón.

Por estos momentos es una incógnita, cuál podría ser la respuesta del conjunto de los uniformados y penitenciarios de Misiones, los cuales insisten en la necesidad de una mejora salarial y el cumplimiento del acta acuerdo firmada en mayo por el ministro de gobierno Marcelo Pérez, que estipulaba que no habría sanciones contra los referentes de la protesta policial.