El decreto 1026/24 difundido este jueves en el Boletín Oficial N° 16.171 de la provincia de Misiones, demuestra una vez más una maniobra de contratación directa por un monto superior al permitido y sin ningún control efectivo, como viene ocurriendo desde hace décadas en Misiones.

En el primer artículo del documento público firmado el 28 de mayo pasado, el gobierno provincial reconoce “el gasto desde el 1° de Abril de 2.024 y hasta la fecha del presente Decreto” y aprueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar desde la fecha del presente y hasta el 30 de Junio de 2.024 una contratación directa con la firma ‘Servicio del Litoral SRL’, para la prestación del Servicio de Lavado y Planchado de Ropas con destino a los efectores y por los montos que se detallan” en el decreto.

Por un periodo de tres meses, desde el 1° de abril al 30 de junio se pagó a Servicios del Litoral SRL, $1.024.725 por el servicio en el Hospital de San Javier; $543.480 (Hospital de Puerto Esperanza); $776.400 (Hospital de El Soberbio); $931.680 (Hospital de San Pedro); $ 659.940 (Hospital de Bernardo de Irigoyen) y $3.603.180 (Hospital de San Vicente de Autogestión) La cifra total de la contratación directa es de $ 7.539.405.

Consultado por AgenciaHoy al respecto de la operatoria, el contador y diputado nacional (mandato cumplido) Luis Pastori, explicó las múltiples irregularidades que se cometieron con esta contratación directa, que es una práctica reiterada en el gobierno renovador que maneja los destinos de Misiones desde hace 21 años.

“Acá tenemos dos cuestiones con este decreto. Primero, el tema del artículo 1 que dice ‘reconócese el gasto desde el 1º de abril y hasta el 30 de junio’, que significa que hubo alguien, un funcionario que contrató este servicio sin seguir las normas que fija la ley de contabilidad”, planteó el exdiputado. 

“¿Cuáles son esas normas? Que tiene que haber un pedido que hace un funcionario ante una autoridad superior y la autoridad superior tiene que autorizar y de allí se inicia el proceso de contratación, que puede bien ser una contratación directa, una licitación privada, una licitación pública. Bueno, ese trámite no se hizo y hubo un funcionario que directamente autorizó el gasto”, argumentó Pastori.

Asimismo, el contador remarcó que como el decreto fue firmado el 28 de mayo, desde el 1° de abril “se venía haciendo el servicio sin que haya seguido los pasos normales, legales que debe seguir cualquier contratación.” 

“Aclaro que esto es una cuestión bastante normal en la administración. Si se revisa el boletín oficial, se encontrará muchos decretos donde dice ‘reconócese del legítimo abono, el gasto, tal y tal. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué dice la ley de contabilidad? Primero que hay una infracción de alguien que autorizó un gasto sin estar ese gasto autorizado por quien corresponde. O sin haber seguido los pasos de la contratación”, sostuvo Pastori sobre lo que ocurre con las contrataciones directas de este tipo y por estos montos.

De acuerdo con el exdiputado, “en este caso, una autoridad superior, en este caso el gobernador (Hugo Passalacqua), por decreto, reconoce el gasto, o sea que él dice: ‘como este gasto fue en beneficio de la provincia y se hizo, y se hizo sin seguir los trámites, pero como en definitiva es un gasto que es necesario, por así decirlo, para el funcionamiento, entonces lo reconozco’. Es como lo blanquea. Con este decreto lo que hace es blanquear este procedimiento”, comentó el exlegislador provincial.

En esta línea, Pastori reveló que el decreto en cuestión se ampara en un artículo de la ley de contabilidad, que es interpretado en una forma tendenciosa, desnaturalizando el espíritu de la norma. “Hay una anormalidad en el procedimiento que es blanqueado, haciéndose responsable quien reconoce, en este caso el gobernador a través de un decreto, de la irregularidad cometida por un funcionario que autorizó ese gasto”, detalló. 

“Esa figura del reconocimiento del gasto. está en el artículo 44 de la ley de contabilidad. Es un trámite que debería ser excepcionalísimo, pero que en la práctica se da con mucha frecuencia. Y las autoridades de control, Contaduría General, que hace el control interno, o Tribunal de Cuentas, que hace el control externo, lo pasan como que es algo habitual y habiendo un reconocimiento, en este caso del gobernador por decreto, es como que lo blanquean”, indicó Pastori.

Por otra parte, la segunda irregularidad con este decreto, tiene que ver con el monto de la contratación directa, de $7,5 millones. “La contratación directa es hasta $3.102.000, es el último tope que estaba vigente, creo que todavía no se modificó. O sea que claramente supera el monto de contratación directa. Esta es una segunda irregularidad”, planteó el exdiputado nacional. 

“¿Y cómo lo salvan a esto? Dicen que en base al artículo 85, apartado 3 inciso D de la ley VII – número 11, que habla de que, ‘no obstante, haber superado los $3.100.000, se autoriza la contratación directa cuando haya razones e imprevisibles o de urgencia’. Ahora, yo pregunto, ¿qué tan imprevisible es que en algún momento hacía falta un lavado del servicio de lavado de planchado de ropas con destino a los efectores?”, lanzó Pastori, no sin suspicacia.

“¿Cuán imprevisible es que eso tendría que haber sucedido? ¿Es imprevisible? ¿Es algo que surgió de improviso, la necesidad de un lavado y planchado de ropa?”, planteó el contador, poniendo de relieve que el lavado de prendas es una tarea habitual en todo hospital.

Asimismo, el exdiputado consideró que difícilmente se puedan invocar razones de urgencia para avalar el decreto 1026/24. “Una razón de urgencia es cuando ocurre algo, un hecho extraordinario, fuera de lo común, por ejemplo, un terremoto, una inundación, una granizada. Y en tales casos tenés que salir, por ejemplo, a comprar chapa de cartón para para poder solucionar el problema a mucha gente que sufrió los efectos de una granizada o de una inundación. o lo que fuera”, describió Pastori. 

Es decir, “una causa de fuerza mayor hace que el Estado tenga que salir ya y no esperar los tiempos del llamado a una licitación privada, o una licitación pública, según el monto, sino que tiene que salir a comprar ya, porque debe resolver el problema hoy, y no dentro de tantos días”, acotó.

“¿Cuán urgente es que haya surgido la necesidad de un lavado y planchado de ropas? ¿Cuán imprevisible es? Ahora, ¿quién cataloga si eso es imprevisible o si es urgente? Lo encuadra en esa figura quien firma el decreto que es el gobernador. O sea que la oportunidad, el mérito, la conveniencia del acto, lo determina quien se hace responsable con su firma, en este caso el gobernador que firma el decreto”, enfatizó Pastori, dejando en claro que es el propio gobernador quien determina que lavar prendas de hospital es un acto urgente e imprevisible y, como tal, se puede sortear la licitación pública.

En resumen, Pastori reiteró que se dieron dos irregularidades con el decreto que beneficio a la empresa Servicios del Litoral SRL. “Por un lado es reconocer un gasto que se empezó a ejecutar hace un tiempo atrás, sin haber pasado por los trámites normales. Y por otro lado, el monto ($7,5 millones) que lo justifican por razones de imprevisibles y de urgencias. Ambos argumentos, obviamente, son muy cuestionables, por cierto”, sentenció el exdiputado.