En la recta final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el debate sobre la desregulación del mercado yerbatero y la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), volvió a estar en el centro del debate público: el candidato de la Renovación, Oscar Herrera Ahuad prometió impulsar un proyecto de ley para que el organismo recupere sus atributos de fijar precio sostén, entre otros.
Como era de esperarse, el candidato de La Libertad Avanza, Diego Hartfield, se llamó al silencio sobre la desregulación del mercado yerbatero, que incidió en el desplome monumental del precio de la hoja verde y de la yerba canchada, en perjuicio de los pequeños y medianos productores. Es decir, evitó pronunciarse sobre la pérdida de las facultades del INYM, de fijar el precio mínimo de la producción y de limitar plantaciones para evitar la sobreoferta, que son el efecto más visible del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, en el sector yerbatero.
Ahora bien, el DNU 70/23 firmado por el presidente ultraderechista Javier Milei, continúa vigente porque la Cámara de Diputados de la Nación, no lo trató. El Senado ya rechazó el mega DNU con el que Milei inauguró su gestión, pero debido a la ley 26.122 impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, los decretos de necesidad y urgencia sólo dejan de regir cuando ambas cámaras del Congreso, los anulan. Dado que Diputados no trató el DNU 70/23, que le quitó las facultades del INYM (establecidas por ley nacional), el decreto desregulador se mantiene en pie.
Agencia Hoy consultó al diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) al respecto de las causas por las que no se consigue derogar el mega DNU 70/23, en un año en el que el Congreso le puso límites a Milei en temas extremadamente sensibles, como la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, en las que se logró revertir los vetos presidenciales.
“Siendo un decreto de necesidad y urgencia se puede tratar la derogación directamente en la sesión, sin necesidad de dictamen de comisión”, explicó Paulón a Agencia Hoy, este lunes. En esta línea, el diputado nacional recalcó que para derogar el 70/23, sólo se necesitaría “una mayoría simple”.
En ese escenario, según argumentó Paulón, la cuestión pasaría por “juntar los 129 votos, los 129 diputados y diputadas que nos sentemos a dar quórum. Eso hoy no está”, admitió el diputado santafesino. “Hay varios diputados y diputadas de los bloques que han tenido un diálogo con el gobierno, que no difieren tanto en algunas de las medidas que se ponen en el DNU 70 y por tanto no se quieren sentar a derogarlo”, detalló el diputado.
“Si lográramos los 129 (legisladores) para un quorum de una sesión especial, están los votos para la derogación”, manifestó.
En esta línea, Paulón recalcó que, al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, en el que ya se vencieron los plazos de tratamiento en la Comisión Permanente de Trámite de DNU (Ley 26.122), ya se puede tratar en el pleno. “Pasó el plazo estipulado y la comisión bicameral no lo trató y no tuvo dictamen, por lo que queda ya habilitado para su tratamiento en la sesión con mayoría simple”, precisó el legislador nacional.
Paulón fue el primer legislador nacional que salió a rechazar el DNU 70/23. “Después de escuchar la cadena nacional de Milei en 2023, me quedó en claro que era un decreto destructivo para la Argentina”, comentó el diputado nacional a este medio.
Cabe remarcar, que ninguno de los actuales diputados por Misiones, Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Martín Arjol, Florencia Klipauka y Emmanuel Bianchetti, solicitaron una sesión para derogar el DNU 70/23.
Respecto de la Bicameral de Trámite de los DNU, quedó conformada en marzo del 2024 y se compone de 16 legisladores, 8 por cada cámara. Unión por la Patria tiene 6 sillas; La Libertad Avanza cuenta con 3 representantes; el PRO y la UCR, 2 cada uno; y los bloques federales cuentan con 3 bancas en esta bicameral.
De acuerdo con el portal Chequeado.com, el organismo tiene facultades para analizar si el Ejecutivo cumplió con los requisitos de forma, como los plazos y que no se traten materias prohibidas por la Constitución, y si está justificada la “necesidad” y la “urgencia”, pero no sobre la cuestión de fondo: la conveniencia de la norma.
Los 8 representantes del Senado en la Comisión son Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de Unión por la Patria; Luis Juez, del PRO; Víctor Zimmerman, de la Unión Cívica Radical (UCR); Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza; Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; y Carlos Espínola, de Unidad Federal.
En tanto, los 8 representantes de Diputados, son Ana Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria; Oscar Zago y Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza; Hernán Lombardi, del PRO; Francisco Monti, de la UCR; y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.
