Tras los incidentes ocurridos en el playón del estadio en el
2023, la dirigencia de Independiente de Avellaneda resolvió impedir el ingreso
de las fuerzas de seguridad a la cancha para reprimir disturbios.
El detonante fue el reclamo de los hinchas del “Rojo” luego
de la derrota 2-0 con Boca, que terminó con un accionar policial desmedido:
gases lacrimógenos y balas de goma contra los simpatizantes. La represión
generó un fuerte repudio y profundizó el malestar por la crisis deportiva que
atraviesa el club.
En respuesta, el presidente Néstor Grindetti y su comisión
directiva decidieron implementar un esquema alternativo, basado en la
contratación de seguridad privada. Sin embargo, esta determinación tuvo
consecuencias inmediatas: durante el suspendido duelo ante Universidad de
Chile, la ausencia de un operativo policial terminó facilitando el violento
choque entre los dos barrabravas, un episodio que ya quedó enmarcado dentro de
los más graves de los últimos años.
A falta de una comunicación oficial, la continuidad de ambos
clubes en los torneos organizados por la CONMEBOL se encuentra en riesgo. El
organismo continental evalúa sanciones ejemplares para evitar que hechos
similares empañen la competencia.
Más allá de las medidas coyunturales, la situación plantea
un debate de fondo: cómo garantizar la seguridad en los estadios sin que el
espectáculo deportivo quede condicionado por la violencia de los grupos
organizados. La dirigencia del fútbol argentino y sudamericano enfrenta, una
vez más, la necesidad de repensar sus políticas de prevención y control para
recuperar la confianza de los hinchas comunes.
Fuente: NA
