Por medio de un decreto simple, el N° 793, firmado el 29 de abril pasado y difundido en el boletín oficial de hoy, el gobierno provincial autorizó al Ministerio de Salud Pública a desembolsar más de $191 millones en una escandalosa contratación directa por el servicio tercerizado de la limpieza integral en hospitales de Misiones. Una vez más, la empresa beneficiada es Segen SRL, una firma que estaría vinculada a Oscar Báez, el presunto propietario –a través de familiares– de SIP Armas, la entidad que fue condenada por la muerte de dos empleados de limpieza precarizados que se intoxicaron con químicos en 2008.
Según consta en el decreto 793/25, se reconoce “el gasto desde el 1° de Abril de 2.025 y hasta la fecha del presente Decreto” y se aprueba y autoriza “a la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública, Prevención de Adicciones y Control de Drogas a efectuar una contratación directa a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de Julio de 2.025, con la firma (Segen S.R.L.), para la provisión del Servicio de Limpieza Integral, destinado a los siguientes efectores y por los montos detallados a continuación, de conformidad con la propuesta de fs. 02 y Cláusulas Particulares de fs. 05/34, encuadrando el procedimiento en los Arts. 44° y 85°, apartado 3, inc. d) y su último párrafo, de la Ley VII - N° 11 (antes Ley 2.303)”
Acto seguido, se detalla la lista de efectores de salud pública en los que Segen SRL prestará el servicio de limpieza integral hasta el 31 de julio próximo. A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta el año pasado, este decreto autoriza el pago por servicios que aún no se prestaron en su totalidad: se pagó a fines de abril, por la limpieza que aún no se había prestado, es decir, mayo, junio y julio. De hecho, hoy cuando se informa del decreto, aún faltan algunos días para que venza el plazo de esta contratación directa.
Antes del 2024, las contrataciones directas solían abonarse después de cumplido el servicio. En los últimos tiempos, el Estado provincial está pagando a las tercerizadas antes de que culminen los plazos de las contrataciones.
De todas formas, como este tipo de servicio tercerizado siempre se otorga sin licitación pública, es de esperarse que la empresa que estaría vinculada a Báez –y a la desaparecida SIP Armas– continúe cumpliendo con la función, en agosto y en los meses venideros. Es decir, continuará facturando cientos de millones de pesos. En realidad, la firma ya habría superado los miles de millones de pesos en las facturas acumuladas de los últimos 2 o 3 años.
El monto total estipulado en esta contratación directa, por el servicio de limpieza en el cuatrimestre abril – julio, es de $191.793.663,68 y entre los hospitales mencionados en el decreto, sobresalen el de Aristóbulo del Valle ($ 45.065.316,88); el Dr. Pedro Baliña - Consultorios Externos –ex CAPS 22– ($ 14.790.668,16); el Dr. Ramón Carrillo ($ 13.519.595,24); y el de Concepción de la Sierra ($ 12.243.813,20) También hay decenas de CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) involucrados en los servicios prestados por Segen SRL.
Más allá de tratarse de una firma vinculada a un empresario de un historial bastante turbio –por ejemplo, no se pudo ejecutar bienes de SIP Armas para la indemnización a las familias de los trabajadores fallecidos Ricardo Caballero y Andrea Pérez porque los activos fueron traspasados a un fideicomiso inembargable–, este decreto es similar a muchos otros por los que se paga servicios tercerizados en salud pública.
En este caso, se invocan los artículos 44° y 85° de la ley de contabilidad general, que estipulan las excepciones a las licitaciones públicas. El inciso “d”, del artículo 85° de la Ley VII – N° 11, sostiene que se podrá realizar contrataciones directas “cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación; (…)” ¿Realmente hubo circunstancias imprevisibles que posibilitaron la contratación directa de Segen SRL, para un servicio esencial que se presta regularmente, día tras día, año tras año, en hospitales y CAPS misioneros?
Por su parte, el artículo 44° de la ley de Contabilidad General, afirma que el “funcionario o agente de cualquier dependencia del Estado, en sus distintos poderes, que realizara compra o gastos en contravención con lo dispuesto en el Artículo anterior, o de las disposiciones de esta Ley, leyes especiales, decretos o reglamentaciones que fijan el trámite pertinente, responde personalmente del total autorizado o gastado en esas condiciones, siempre que el gasto no haya resultado en beneficio de la Provincia”.
En junio, por medio de otros dos decretos, el 563/25 y el 565/25 Segen SRL cobró por los servicios tercerizados de seguridad y vigilancia ($379.164.946,86) y limpieza integral ($130.768.407,21) en diversos efectores de salud pública, también por contrataciones directas. En este caso, el periodo comprendido en esos decretos, fue del 1° de enero al 31 de marzo del 2025, pero como los decretos se firmaron el 3 de abril, se pagaron post facto. Es decir, después de prestado los servicios.
Sólo entre estos tres decretos, Segen SRL facturó unos $700 millones por contrataciones directas vinculadas al Ministerio de Salud Pública. Y se informa el decreto en medio de un conflicto salarial con los empleados sanitarios: la CTA Autónoma rechazaron la recomposición salarial del 5% desdoblada en dos tramos, a pagarse en julio y septiembre, que el ministro Héctor González impuso al sector, de manera unilateral.
