Un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) expuso que la caída en la recaudación nacional, que impacta en la coparticipación y el envío de Recursos de Origen Nacional (RON), está provocando un incremento en la conflictividad laboral en las provincias. Y esos conflictos tienden a consolidarse, en la medida en que Nación ofrece adelantos en la coparticipación que significan menos recursos a futuro, para los territorios subnacionales.
En las conclusiones del informe del CEPA, dado a conocer en las últimas horas, se advierte que “la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos”, alertaron.
“Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos”, subraya el informe.
En promedio, indica el CEPA, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 5,6% en Recursos de Origen Nacional y -7,2% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16,0% (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23).
“Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado”, explicaron desde el CEPA, en las conclusiones.
En paralelo, “la caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto. De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia”.
“Desde inicios del 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria”, expone el informe.
“En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 219/2026 un régimen de anticipos financieros para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), por hasta $400.000 millones. El decreto reconoce que dichas provincias se ven impedidas transitoriamente de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes, y establece que los anticipos deberán reintegrarse dentro del ejercicio fiscal mediante retención automática de coparticipación”, detallan las conclusiones del informe del CEPA.
