En los últimos días, el Gobierno Nacional presentó la nueva Red Federal de Concesiones, permitiendo licitar aproximadamente 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales, por concesión bajo el sistema peaje directo con cabinas de cobro en ruta, solamente para su operación y simple mantenimiento.

Este anuncio generó un fuerte rechazo de la Comité Nacional en Defensa al Usuario Vial (Conaduv) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) entidades que alertaron públicamente que la licitación y privatización generará un “excelente negocio sólo para las empresas concesionarias”.

“El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Puente Rosario – Victoria y RN 174. La convocatoria se lanzará en diciembre 2024, con la adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda, compuesta por los tramos I a X (Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y el resto de las rutas nacionales con peaje) que actualmente opera la nefasta empresa Corredores Viales S. A. y que presuntamente será disuelta, licitándose en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025”, informaron desde la Conaduv.

“Entre otras cosas se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200%, con ajustes trimestrales. Los plazos de concesión como las tarifas definitivas estarán de acuerdo a las ofertas que planteen las empresas las que solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico. No se contempla realizar nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multitrochas, carriles de sobrepaso”, alertaron desde la Conaduv, en un crítico comunicado difundido este lunes.

“A pesar del contundente fracaso y la estafa vial que significa continuar con el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta implementado en los años 90, continuado por los distintos gobiernos, la actual administración insiste con un método de financiamiento vial inadecuado, que está direccionado a beneficiar sólo a los concesionarios con muy buenas ganancias, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una afrenta a los usuarios viales y al interés de la sociedad en su conjunto por los graves perjuicios sociales y económicos que se generarán”, cuestionaron desde el Comité.

“A tal efecto, el CONADUV y la AP manifiestan:

*Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal e inconstitucional, la decisión del Gobierno Nacional de insistir con el fracasado sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cabinas de cobro en ruta en caminos de dominio público ya existentes y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los Fondos Específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes)

*Que es imperioso reflexionar que así se sigue atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados y representaciones de usuarios.

*Que las rutas nacionales y provinciales de nuestro País son de bajo caudal de tránsito, motivo por el cual la mayor parte de la recaudación en concepto de peaje es destinada al fenomenal costo operativo de las estaciones de cobro, sin volcarse plata al camino, haciendo inviable y antieconómico el método de financiamiento vial que se pretende.

*Que se permiten cuestionar el anuncio formulado por el Gobierno Nacional, solicitando al Sr. Presidente de la Nación (Javier Milei) quiera disponer se realice en forma urgente el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de peajes, y el costo social que implicará el proyecto de continuar con un régimen de peaje antieconómico, ilegal, injusto e inconstitucional.

*Que la Red Federal de Concesiones que se pretende llevar a cabo está nuevamente direccionada a favorecer sólo a los concesionarios viales con fabulosos beneficios, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una nueva afrenta a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto. Lejos está de reducir los costos logísticos y de transporte, como también de lograr mayor seguridad vial.

*Que sería se suma importancia, convocar en forma urgente a una Audiencia Pública con la participación de los usuarios viales directos e indirectos, Funcionarios Públicos, Gobernadores, Intendentes, Legisladores Nacionales y Provinciales, entre otros.

*Rechazar terminantemente la solicitud de varios Gobernadores de ‘provincializar’ rutas nacionales para imponer irresponsablemente el cobro de peaje, como también de instalar el mismo sistema en rutas provinciales”, plantearon desde la Conaduv y la AP.

Asimismo, el comité y la asociación reiteraron que se necesita “implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del País, exhortando al Gobierno Nacional y a quienes nos representan, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales, garantizando el libre tránsito tal cual lo expresa claramente la constitución nacional argentina”.

“Si la política vial definida por el Señor Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, es Política de Estado y los caminos son bienes de dominio público, pagados en su totalidad con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada y arbitraria, debería escucharse a quienes pagan los caminos y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive el país”, fustigaron desde la Conaduv.

Para el comité, “recuperar las rutas por parte del estado, supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en argentina. debe rejerarquizarse la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para volver a ser el organismo rector de la política vial, retomando el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía.”

“Por un proyecto de transporte multimodal (vial, ferroviario y fluvial) como política de estado, integrado y adaptado a nuestra vasta geografía, competitivo en lo económico a nivel internacional y alejado de los mega negocios funcionales solo a unas pocas empresas o individuos”, sentenciaron desde la Conaduv.