En el primer trimestre del año en curso, 30.560 trabajadores comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo porque fueron despedidos sin causa y no consiguieron un nuevo trabajo, de acuerdo a los datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Según informó el periodista Ismael Bermúdez en el diario Clarín, de esas 30.560 altas, las más numerosas correspondieron a la industria manufacturera (7.157), comercio (6.117), construcción (5.699), actividades administrativas (3.083), transporte (1.377), servicios de comida y alojamiento (1.330) y salud y servicios sociales (1.096).

Computando las bajas porque encontraron trabajo o porque el cobro de este seguro es temporal, en marzo percibieron esta prestación 92.787 personas, con un pago promedio de $ 236.543. Este monto equivale aproximadamente a la sexta parte del costo de una canasta básica total para una familia tipo.

Con respecto al cobro de esta prestación que se paga a trabajadores despedidos sin justa causa o por finalización de contrario, en 2023, el Consejo del Salario Mínimo dispuso que la prestación por desempleo debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese laboral que provocó el desempleo.

Sin embargo, la Resolución del Consejo aclaró que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%”. Este techo anula en la práctica la equivalencia del 75% de la mejor remuneración de los últimos 6 meses anteriores al despido. Pero la situación es más ruinosa para los trabajadores, porque el gobierno ultraderechista de Milei viene “pisando” el SMVM –es decir, fijando aumentos ínfimos–, con lo que el salario mínimo termina siendo insuficiente para mantener a una familia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la Canasta Básica Total, ascendió a los $ 1.157.239 en el tercer mes del 2025.

Cabe aclarar que las mediciones de la CBT –que fija el umbral de la pobreza– del INDEC, no incluyen el costo de los alquileres de vivienda. Y por otra parte, están bajo la lupa, como ocurre con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador para el que el INDEC utiliza ponderadores del año 2003, cuando los consumos de las familias argentinas eran completamente diferentes a los actuales.

Según el propio Jefe de Gabinete Guillermo Francos, el INDEC no cambió la forma de medir la inflación –ya están listos los ponderadores del 2017– por orden del presidente Javier Milei.

Sobre los montos de las canastas básica y alimentaria, que muestran cómo el salario mínimo se viene desplomando en términos reales, hay que remarcar que la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INDEC, elabora otras mediciones que tienen en cuenta los alquileres. Esas canastas arrojan que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1,6 millones para no ser pobre en Argentina.