Comienzan a darse repercusiones a la escandalosa a inédita Resolución 3177/26 del Consejo General de Educación, que dejó cesante a la docente Valeria Paraná, maestra de grado y directora suplente de la Escuela Provincial N° 958 (CUISE 958) a la que el organismo responsabilizó por una supuesta designación irregular que fue avalada por el propio organismo y sus titulares desde 2019, Mauricio Maidana, Juan Alberto Galarza y la actual directora general, Daniela López.
En las últimas horas los sindicatos que integran la Mesa de Diálogo Docente, UDA (Unión de Docentes Argentinos), SEMAB – CEA (Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionan la resolución de Daniela López, y piden que se revea.
Valeria Paraná está haciendo huelga de hambre desde este miércoles, frente a la sede del CGE y el director de personal, Pablo Giménez, le prohibió ingresar al edificio para usar el baño.
“Los sindicatos docentes abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la Resolución N.º 3177/26 dictada por el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones, mediante la cual se dejó sin efecto la designación de la docente Valeria Paraná como Directora Suplente, se revocó la estabilidad laboral que le había sido reconocida por la propia Administración mediante la Resolución N.º 7845/24, se dispuso la eliminación del puntaje obtenido durante años de ejercicio efectivo de funciones jerárquicas y se declararon vacantes los cargos que desempeñaba”, sostiene el comunicado conjunto de UDA, Semab y Sidepp.
“Consideramos que esta decisión administrativa afecta gravemente principios esenciales del Estado de Derecho, entre ellos la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima, el debido proceso y la estabilidad de los actos administrativos”, aclararon.
Asimismo, el comunicado apunta a la violación de derechos adquiridos de la docente dejada cesante. “Resulta especialmente preocupante que, luego de más de seis años de reconocer la situación funcional de la docente, autorizar el ejercicio efectivo de sus funciones, computar su antigüedad y puntaje, abonarle las remuneraciones correspondientes, otorgarle estabilidad laboral e incorporarla al proceso de titularización mediante la diplomatura organizada por la Universidad Nacional de Misiones, el propio Consejo General de Educación pretenda desconocer íntegramente esa situación jurídica”, remarcaron los sindicatos mencionados.
“Las eventuales irregularidades administrativas, de existir, deben ser investigadas y resueltas respetando las garantías constitucionales y legales, sin trasladar a las y los trabajadores las consecuencias de decisiones adoptadas por la propia Administración”, sostiene el comunicado.
“El salario docente tiene carácter alimentario. Detrás de cada resolución administrativa existen familias, proyectos de vida y derechos laborales que merecen la máxima protección. Ninguna decisión estatal puede desconocer esa realidad. Manifestamos nuestra plena solidaridad con la docente Valeria Paraná, con su familia y con toda la comunidad educativa afectada por esta situación, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la estabilidad laboral, la carrera docente y el respeto de los derechos de quienes sostienen cotidianamente la escuela pública”, puntualizaron los sindicatos.
Respecto del caso de Paraná, que está vinculado a una interna política en la localidad de San Antonio respecto de la definición del próximo director o directora de la Escuela 958, los sindicatos exhortaron al Consejo General de Educación, “a revisar la Resolución Nº 3177/26, garantizando el pleno respeto del debido procedimiento administrativo y de los principios de legalidad, razonabilidad, buena fe y seguridad jurídica que deben regir toda actuación estatal.”
“Asimismo, expresamos nuestro acompañamiento a las acciones administrativas y judiciales que la docente impulse para la defensa de sus derechos, convencidos de que la vigencia del Estado de Derecho exige que toda decisión administrativa sea adoptada dentro del marco de la Constitución, las leyes y las garantías que protegen a los trabajadores de la educación”, remarca el comunicado.
