En una sesión reciente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Argentina fue el único país que se opuso a una resolución histórica que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas, en línea con la política que lleva adelante el gobierno anarco-capitalista de Javier Milei, subestimando o negando problemáticas como el cambio climático, el acceso universal al agua potable, o la tenencia comunal de la tierra, entre otros.

La resolución fue apoyada por 168 países –EEUU, Brasil, Rusia, China, entre otros–  y que tuvo 7 abstenciones –Francia y Venezuela, entre otros–, destaca la necesidad de reconocer y respetar las tradiciones, territorios y derechos fundamentales de las comunidades aborígenes en todo el mundo.

Consultada por LT4 y Agencia Hoy, la referente del Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (EMIPA) Josefa “Kiki” Ramírez, no se mostró sorprendida por la votación de Argentina, que vinculó con la política que el gobierno de Milei pretende implementar o ya está implementando hacia las comunidades indígenas, a las que pertenecen entre 1 millón y 1,5 millones de personas.

“Que haya votado en contra de los derechos, la verdad es llamativo, pero a la vez, es como que no se sorprende mucho, por la posición del gobierno nacional al respecto las comunidades y a temas vinculados a las comunidades como el ambiente, los recursos naturales, el cambio climático, en fin. Son todos temas que tienen que ver con los pueblos indígenas, y uno sabiendo la posición que tiene el presidente, sobre estos temas, de alguna manera creo que son coherentes con lo que han hecho”, comentó Ramírez.

Sin embargo, la referente del Emipa, que integra el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) aclaró que las comunidades siguen respaldadas por leyes nacionales, aunque admitió que la justicia suele fallar en función de las definiciones políticas del gobierno.

“Hay otros derechos que siguen vigentes, como la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que también es de la ONU, el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que el país lo incorporó a través de una ley. Y hay derechos internacionales y nacionales que siguen vigentes, y aunque no hayan firmado este acuerdo, siguen las comunidades con respaldo legales importantes”, señaló Ramírez.

No obstante, esta posición “de algún modo o refleja la política que el gobierno nacional al menos piensa implementar para con los pueblos indígenas, o que ya está implementando. Entonces, creo que nos reafirma de algún modo, que este gobierno es contrario a los pueblos indígenas”, recalcó la referente. Y amplió: “en este acuerdo que se firmó, hay temas tan importantes y tan necesarios todavía como el tener en cuenta las comunidades, las culturas, las tradiciones ancestrales, el cuidado de los territorios, la consulta previamente informada”.

“Son temas que se hubiese ratificado de algún modo, que daría más fuerza a todo el marco legal”, insistió Ramírez.

Repreguntada sobre las consecuencias de este posicionamiento del gobierno argentino para las comunidades, Ramírez admitió que tendrán más dificultades para que les reconozcan derechos básicos, como al territorio, al acceso al agua, a la autodeterminación, entre otras. “Van a ser más costosos los reclamos, quizás haya decisiones que contradigan y que habrá que recurrir a las leyes que ya contamos. Pero no quizás a través de una estrategia política, sino posiblemente judicial, porque no vamos a tener respuestas administrativas a los reclamos indígenas”, recalcó Ramírez.

“El tema indígena nunca fue fácil”, admitió Ramírez, apuntando a que “la justicia siempre también acompaña, por lo general, a lo que es al ambiente que se vive en lo político. Entonces, creo que se nos se viene un tiempo difícil para las comunidades”, subrayó.

“Los indígenas han resistido mucho tiempo, saben de estrategias, saben de momentos de silencio, saben momentos de retirada, de avanzada. Confío totalmente en ellos, de que sabrán a trabajar ese tiempo”, reflexionó la referente del Emipa, señalando que actualmente hay 160 mil comunidades indígenas (140 en Misiones), con cerca de 1,5 millones de personas perteneciendo a estas etnias anteriores a la conformación del Estado–Nación.

De acuerdo con Ramírez, actualmente están consensuando “un documento como Endepa, frente (a esta votación de Argentina en) de Naciones Unidas. Va a salir muy pronto como respuesta a esta decisión del gobierno, de no de no firmar. Llama la atención en el mundo, que un país como el nuestro se decida no firmar”, recalcó la activista por los derechos indígenas.

En lo que respecta a la posición del gobierno de Misiones, Ramírez dijo que “no hay tampoco una postura definida, políticas bien claras. Porque el tema de fondo de las comunidades es la tierra. O sea, es el territorio. Y, lamentablemente, las tierras indígenas, las ocupaciones ancestrales, las comunidades indígenas, hoy está en manos de privados. Entonces, hay dos derechos que están en (pugna), los derechos indígenas y los derechos de los propietarios, de los particulares. El tema es que la preexistencia indígena dice mucho”, subrayó.

El gobierno “tiene ese respeto por la propiedad privada y como que desoye un poco esta preexistencia. Nosotros siempre tenemos el lema que es primero en el tiempo, primero en el derecho. El gobierno tiene que escuchar a todos, teniendo en cuenta los reclamos históricos, los daños históricos a estos pueblos preexistentes (al Estado – Nación), los primeros, que no están siendo como correspondidos en lo que es la cuestión de la tierra. Es injusto”, subrayó Ramírez.

En el tramo final de la entrevista, Ramírez advirtió que el gobierno hace “muy poco” para resolver el problema habitacional y de carencias estructurales de las comunidades mbya, en particular, en lo que refiere al acceso al agua potable. “Es increíble como todo este tema del planeta climático, que muchos lo quieren a negar, se sienten las comunidades, porque antes el agua no era una necesidad”, explicó la activista.

“Todos tenían vertientes, pero muchos hoy ya necesitan pozos perforados, por ejemplo. El problema del agua es grave, cosa que antes no”, insistió Ramírez sobre uno de los principales problemas que afectan a las comunidades mbya guaraní en Misiones, además del acceso a la tierra.