Este viernes, el Ministerio de Capital Humano compartió un comunicado en el que aseguraba que “auditar a las universidades es garantizar la autarquía”, en un nuevo capítulo de la pelea del gobierno ultraderechista de Javier Milei contra las universidades nacionales, esta vez, con un condimento inédito: el texto difundido por la cartera que preside Sandra Pettovello, presentaba groseros errores de redacción y no fue corregido a dos días de su difusión.

El texto desde Capital Humano inicia así: “El Ministerio de Capital Humano informa que dado que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156”, señalaron en el comunicado.

Ese párrafo presenta problemas semánticos y de estructura: la forma “dado que”, se utiliza para relacionar dos ideas, párrafos u oraciones con distinto significado, por ejemplo: “dado que (x) entonces (y)”. Es decir, “que dado que”, sin una idea diferente al final de la oración, es un error inconcebible para un ministerio ligado a la educación.

Esta forma no se cumple en ese texto con el que Capital Humano defiende la auditoría sobre las universidades nacionales, que, vale recordar, apunta sólo al 10% del presupuesto total que se destina a gastos de funcionamiento (alquileres, servicios, insumos, etc.), puesto que el restante 90% se destina a salarios y está bajo el monitoreo constante y directo de los ministerios de Capital Humano y de Economía.

Los errores fueron rápidamente detectados por usuarios de la red social X, entre otras, que apelaron al humor y la ironía, para referirse a los problemas de lecto-comprensión de los encargados de prensa de Capital Humano, que no subsanaron los problemas del texto, más de 48 horas después de difundido el comunicado.

“Como diría Zappa: gente que no sabe escribir comunicándose con gente que no sabe leer”, ironizó el usuario @bauerbrun, con un posteo del texto de Capital Humano, defendiendo que las auditorías sobre las universidades las realice la SIGEN y no la AGN.

“Es medio circular. No quieren o no pueden leer, ergo no aprenden a redactar. Pero no necesitan redactar bien porque está a dirigido a ellos mismos, que no leen”, escribió no sin sarcasmo, el usuario Iván Algieri.

Por su parte, “@Mora_Bo”, opinó sobre el comunicado: “Me gusta el minimalismo ritual, podrían empezar por subir unas líneas en una servilleta y nos ahorramos el disgusto quienes podemos interpretar símbolos.”

Y el usuario “@escondidoslago”, fue lapidario: “Strictly retarded”, replicó con esta frase en inglés, que en castellano significa “estrictamente retardados”.

Sin embargo, más preocupante que los errores de redacción en un comunicado oficial del ministerio del que depende la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, es el intento del gobierno de que las auditorías las realice la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo del ejecutivo nacional y no la AGN (Auditoría General de la Nación) que es el órgano colegiado que controla los gastos originados por el Poder Legislativo y que el oficialismo mantuvo paralizado durante meses.

En el comunicado de Capital Humano, argumentaron que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales” y que el objetivo de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) es “garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno”.

“El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”, sostiene el comunicado de Capital Humano, que añade que el objetivo de la SIGEN es “garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno”. “En consecuencia, no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales”, adujeron.

De acuerdo con Página 12, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, también arremetió contra el reclamo al asegurar que las universidades están “violando” los derechos de los estudiantes al “no dejar que las auditen”.

Estas declaraciones de Álvarez y el comunicado mal redactado de Capital Humano se conocieron horas después de que la UBA rechazara la intervención de la SIGEN con un comunicado titulado “Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo”.

“La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025”, sostiene el texto de la UBA, apuntando a lo que históricamente ocurre con los controles a las universidades nacionales.

Es que la AGN audita siempre a la educación pública, lo mismo que a las demás dependencias públicas, pero este año, no lo hace porque el propio Gobierno no armó en el Congreso la comisión de seguimiento de la AGN.

Recién la semana pasada quedó conformada la comisión bicameral Revisora de Cuentas, que es el vínculo entre el Poder Legislativo y la AGN, que encabeza el peronista Juan Manuel Olmos, y su presidente es el diputado opositor Miguel Ángel Pichetto, quien preside el bloque de Encuentro Federal.

La Auditoría General se constituye por siete miembros que duran ocho años en su cargo pudiendo ser reelegidos. Tres miembros provienen de la Cámara de Diputados (cámara baja) y tres del Senado (cámara alta); y el séptimo, que es presidente del ente, es elegido conjuntamente por ambas cámaras.