La semana próxima, la Cámara de Diputados de la Nación podría sancionar una reforma a la ley 26.122 que, desde su sanción en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, permite que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) entren en vigencia desde su promulgación y no puedan ser anulados a menos que ambas cámaras del Congreso así lo decidan. El presidente Javier Milei ya anticipó que va a vetar la reforma de la ley, si es que se sanciona, lo que podría derivar en una tercera votación en Diputados, para definir si se promulga la norma o si se sostiene el veto, como ya ocurrió con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

Las bancadas Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto y Democracia para Siempre, que conduce Pablo Juliano, impulsan la reforma que ya contaría con 135 voluntades a favor, entre los diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, un grupo de partidos provinciales y los mencionados bloques del “pichetismo” y de los radicales disidentes que responden a la conducción del diputado Facundo Manes y el senador Martín Lousteau.

Como muestra de que el oficialismo anarco-capitalista ve perdida esa votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem habría dispensado a dos legisladoras de LLA, Rocío Bonacci y Marcela Pagano, para que puedan ausentarse. Mientras que la rosarina cursa por estos días un seminario de formación política en Estados Unidos, la periodista atraviesa un embarazo avanzado, sostiene el portal LPO.

En lo que respecta a los diputados por Misiones, es prácticamente un hecho que la puertista Florencia Klipauka y el “radical con peluca” Martín Arjol van a votar en contra de una reforma de la ley que le permite a Milei. Por su parte, los cuatro diputados de la Renovación, es decir, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, podrían ausentarse o abstenerse, para no quedar como opositores a la Casa Rosada y tampoco como oficialistas.

Por estas horas, es una incógnita lo que hará el macrista Emmanuel Bianchetti: suele obedecer las órdenes de la cúpula partidaria, pero está claramente alineado con la Casa Rosada y no teme al costo político de apoyar al oficialismo en temas controversiales.

Cabe remarcar que varios abogados constitucionalistas e inclusive diputados del PRO, cuestionan la ley 26.122 porque otorga más poder al Ejecutivo por sobre el Legislativo nacional: para implementar una reforma por DNU, basta con la firma del presidente y ese tipo de medidas no pueden anularse a menos que las dos cámaras se pronuncien en contra; en cambio, para sancionar una ley, se debe conseguir mayoría en ambas cámaras y, ante un eventual veto, el Legislativo debe conseguir los dos tercios del Congreso para insistir con una norma.

Como parece inevitable la derrota política en este tema, el oficialismo ultraderechista concentraría su esfuerzo en que la vicepresidente Victoria Villarruel duerma el expediente que llegue con media sanción al Senado.

El período parlamentario terminará el 30 de noviembre y la convocatoria a sesiones extraordinarias se hace con un temario que define la Casa Rosada. Si la Vicepresidenta elude el tratamiento en la Cámara Alta, la discusión pasaría para 2025, un año con expectativas de escasa actividad legislativa por el calendario electoral y porque, históricamente, los partidos políticos no impulsan temas controversiales que puedan incidir en la campaña y en el resultado de las elecciones.

Sin embargo, la oposición apuesta a que el trámite también se apruebe en el Senado. En ese caso, la norma sancionada sería girada al Poder Ejecutivo para su promulgación y se descuenta que Milei la va a vetar, como ya lo declaró públicamente. Hasta el momento, el presidente ultraderechista firmó más de 42 DNUs, de los cuales sólo uno fue anulado –el de los 100 mil millones de pesos de gastos reservados para la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)

En ese escenario político, la postura del PRO será esencial esta semana. El presidente del partido amarillo, Mauricio Macri reclama un acuerdo público a Milei para las elecciones del año próximo, como precondición para apoyar esta y otras iniciativas de la Casa Rosada. Es que para el macrismo es mucho más difícil acompañar al gobierno anarco-capitalista en este debate, porque siempre rechazaron la ley 26.122. Es más, algunos de los proyectos de reforma de esta ley pergeñada por Cristina Kirchner, los presentaron la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich –en su época de diputada– y el ultraoficialista Fernando Iglesias.

“La ley de DNU (26.122) que 'repentinamente' quieren modificar, tiene casi 19 años de vigencia. Quienes promueven esto se valieron de la misma cuando fueron gobierno. Solamente quieren complicar al actual gobierno. Priorizan sus intereses y se olvidan una vez más de la gente”, cuestionó Martín Menem en las redes sociales, dejando en claro que Milei y La Libertad Avanza, como el kirchnerismo y el macrismo, también utilizan la ley que regula los DNU para introducir reformas sin pasar por el Congreso de la Nación.

El proyecto en discusión propone que un decreto pueda anularse con el rechazo de una sola de las dos cámaras del Congreso y que los DNU pierdan validez a los 60 días de promulgados, si Diputados y Senadores no lo aprueban por mayoría simple. Esto limitaría el poder de Milei de gobernar por decreto y lo obligaría a negociar reformas en el Congreso de la Nación.

Un diputado macrista que planea plegarse a los bloques opositores le dijo a LPO que “Milei se dedicó a gobernar por decreto blindando su veto con 87 diputados en vez de buscar mayoría”, y advirtió que habrá que ver “cómo hace el Presidente, para seguir juntando 87 diputados (que blinden un veto) el año que viene”.