El caso del profesor de informática José Ángel Britez, quien está acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores en el marco de la causa por los crímenes contra la integridad sexual de niños hipoacúsicos del Instituto Próvolo de La Plata, sigue generando nuevos elementos que generan inquietud, al confirmarse un nexo del acusado con el poder político de Jardín América, ciudad en la que reside.

Fuentes consultadas confirmaron que el acusado por pedofilia en el caso Próvolo, es el hermano de Sandra Britez, una exconcejala de la ciudad. Esta mujer, también docente, fue edila entre 2011 y 2015, por el Frente Renovador de la Concordia Social y acompañó a la gestión del exintendente Oscar Kornoski.

Agencia Hoy consultó a una docente que trabaja en Jardín América, sobre cómo impactó en la ciudad, la detención de Britez en abril del 2019, relacionado al caso Próvolo. Ante esto, la respuesta en estricto off-the-record, fue inequívoca respecto de un posible respaldo de la comunidad.

“Toda la familia Britez, es muy querida en la localidad y está emparentada con otras tantas del pueblo. Sus hermanos, hermanas y primas/os, son docentes en distintos niveles, incluso colegas en la misma EPET 7”, detalló la docente sobre el entorno familiar y laboral del acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores en los años 80s y 90s en La Plata, una causa que sigue abierta.

“Una de sus hermanas fue concejal hace dos gestiones. Cuando fue detenido en la escuela, sus alumnos quedaron impactados. Luego tuvieron expresiones de afecto hacia él”, contó la mujer.

Asimismo, la fuente reveló que Britez también trabajó en el Instituto Canossiano “Nuestra Señora de la Salud” en Jardín América. “Trabajó mucho tiempo en el Instituto Canossiano, al que renunció para tomar más horas en la (escuela) pública”, añadió la fuente, en estricta reserva.

De lo que muestran las gestiones iniciadas por Britez ante el Consejo General de Educación, surge que su primer trámite data del 12 de diciembre del 2006. Con el número de trámite 24001/06, el profesor de informática solicitó una titularización en horas secundarias en la EPET 7.

Para el 29 de abril del 2019, cuando lo detuvieron en la EPET 7, por pedido de juez Jorge Moya Panisello, en la causa que instruye la fiscal penal platense, Cecilia Corfield, el profesor Britez ya era titular en 9 horas de secundaria en el establecimiento ubicado en las calles Perú y Colombia de Jardín América. Esto lo informó el propio CGE a través de un edicto difundido en el Boletín Oficial de Misiones, N° 15.015, del 27 de septiembre del 2019.

Por entonces, el CGE le inició un sumario y lo apartó del cargo, pero, poco tiempo después, a fines del 2020, le dieron de baja esa medida administrativa, porque Britez presentó un oficio judicial, con el fallo de prescripción dictado por la Cámara de Casación bonaerense.

El profesor solicitó la baja definitiva del sumario el 9 de diciembre del 2020, y el 22 de diciembre de ese año, en plena pandemia del coronavirus, el encargado del departamento jurídico del CGE, Javier Mendieta, firmó la validación de la documentación y avaló el pedido de Britez. Antes que él, también ese 22 de diciembre, el titular de la Dirección de Asuntos Legales, Tomás Vilte, consideró que la documentación estaba en orden y trasladó el expediente al departamento jurídico.

Sin embargo, el pasado 27 de noviembre, es decir, casi 4 años más tarde, la fiscal Corfield confirmó a Agencia Hoy, que nadie del CGE se comunicó con ella, para corroborar el estatus legal del acusado. Y efectivamente, Corfield había apelado el fallo de prescripción que benefició a Britez, ante la Corte Suprema de Buenos Aires, que aún no definió sobre esa apelación.

Volviendo al CGE, algunos meses después de esa inexplicable baja del sumario administrativo, el 7 de abril del 2021, Alberto “Colita” Galarza y Norma Cuquejo, presidente y secretaria general del CGE, respectivamente, firmaron la resolución 966/21, que ordena sobreseer a Britez, pero lo excluye del padrón “para ocupar cargos de interinatos y/o suplencias en escuelas primarias, secundarias y especiales, quedando únicamente habilitado para enseñar en escuelas de adultos y escuelas de contextos de privación de libertad” (Artículo 2° de la resolución 966/21)

El artículo 3° de esa resolución, facultó a la Dirección de Educación Técnica del CGE “a ubicar provisoriamente y/o definitivamente al señor Britez, (…) en otro establecimiento escolar y/o dependencia del (CGE)” Y el artículo 4° autorizó “a la Dirección de Administración de Personal y Recursos Humanos, proceder al pago de haberes de los suplentes que a los efectos se designen”.

Nada de esto se cumplió y en la Planta Orgánica Nominal de la EPET 7 (CUISE 4007) Britez aparece designado como titular en 26 horas secundarias y como interino en otras 16 horas, por la resolución 966/21. En la misma PON aparece designado con licencias regulares (con goce de haberes) y con suplentes asignados en otras 42 horas secundarias, por medio de las resoluciones 2064/13 (5 horas como titular) y 1484/24 (21 horas como titular y 16 como interino)

La principal sospechada de esta insólita situación, sería Rosana Ayala, titular de la dirección de educación técnica. No obstante, también serían responsables, por acción u omisión, además de los mencionados Javier Mendieta y Tomás Vilte, el supervisor Juan Eduardo Montiveros (mencionado en el edicto del CGE del 2019, informando sobre la acusación contra Britez) y el vocal de Junta de Clasificación y Disciplina de la Rama Secundaria, Miguel Pintos.

Britez está acusado por “los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador -cumplía funciones de profesor de informática-, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima”.

En mayo del 2019, la fiscal Corfield informó que en el escrito, dos víctimas, que en el momento de los hechos tenían entre 8 y 10 años, y permanecían internadas en el Instituto Próvolo de La Plata, porque sus familias vivían en otras provincias, relataron cómo eran sorprendidas en sus camas o en el baño por Britez, quien “los accedía carnalmente”.

A causa de esos abusos, las víctimas sufrieron “un daño en la salud psíquica irreparable, tanto en su sexualidad como en su vida diaria, angustia, desazón, deseos de autoeliminación, venganza”.

“No sólo resultaban ser menores de edad, sino que eran incapaces en razón de su condición de sordomudos, lo que los convertía en niños indefensos, algunos de ellos sin familia contenedora, otros con familias con quienes no lograban comunicarse, y que presuntamente padecían los más atroces malos tratos día y noche y durante años”, argumentó la fiscal Corfield en su pedido de detención.

Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, Britez contaría con una suerte de respaldo institucional y hasta social en Jardín América. Esto explicaría por qué no se han pronunciado públicamente sobre el caso, hasta el momento, personas de la comunidad educativa de la EPET 7. Tampoco hablaron del caso, la directora de la escuela técnica, Graciela Borzone, ni mucho menos, el actual alcalde César Araujo. El escándalo que salpica al CGE, ya llegó a medios nacionales, como Página 12.