Volverán a ser investigadas y por otro juez, las denuncias por corrupción contra Santiago Bausili, por su conducta como secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri en favor de un banco ex empleador al cual seguía ligado.

El presidente del Banco Central, bajo la gestión del actual presidente Javier Milei, había logrado que el 5 de diciembre pasado (una semana antes de asumir su actual cargo) que la cámara nacional de apelaciones revocara la resolución dictada en su contra por el juez Sebastián Casanello en agosto de 2021.

En las últimas horas, un fallo firmado este martes por la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir la causa y volver a analizar la responsabilidad del ex funcionario de Macri y actual titular del BCRA con la gestión del presidente anarco-capitalista.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal concedió el recurso de queja del Ministerio Público Fiscal para que se reabra el proceso penal contra el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por la investigación realizada por el fallecido fiscal Federico Delgado y los dos procesamientos dictados por Casanello bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

De acuerdo con LPO, la causa se remonta a los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, cuando Luis “Toto” Caputo era ministro de Finanzas y Bausili se desempeñaba como secretario de Finanzas. La investigación de Delgado determinó que el actual titular del BCRA había sido directivo del Deutsche Bank, una entidad beneficiada con la colocación de títulos públicos argentinos durante las operaciones de toma de deuda de la gestión de Cambiemos.

Por la información recogida en la instrucción impulsada por el fiscal Delgado, Casanello entendió que Bausili habría participado de reuniones privadas con compañeros de trabajo para la colocación de deuda pública por parte de entidades bancarias. Por esa maniobra la Deutsche Bank, que fue intermediaria financiera, habría percibido considerables comisiones y le generó al Estado nacional un incremento de su deuda que trepó a 100 mil millones de dólares.

Cabe destacar que la defensa de Bausili fue encarada por el estudio de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia desde que asumió Javier Milei. Ese buffet de abogados consiguió que la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quien votó en disidencia, dictara la falta de mérito 48 horas antes que le tocara hacerse cargo del BCRA.

Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) interpuso un recurso de queja, que recayó en la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. El expediente ingresó después de la feria de verano y los magistrados estudiaron su voto desde entonces.

Mientras que Yacobucci se diferenció de sus pares y se opuso a la demanda, Slokar y Ledesma conformaron mayoría y reabrieron el proceso judicial contra Bausili, cuyo expediente deberá volver a la Cámara Federal. Según fuentes judiciales, la discrepancia de Boico en su momento era “casi una declaración de culpabilidad”.

Por eso, en Comodoro Py se especula que no les resultaría sencillo a Irurzun y Farah sobreseer al presidente del BCRA.

El fallo de Casación cae como una bomba en el gobierno, que venía celebrando su “veranito financiero” por el ingreso de dólares del blanqueo, la baja del Riesgo País y la relativa pax cambiaria, es decir, la estabilidad de las cotizaciones del dólar paralelo, en el contexto de la continuidad del cepo cambiario.

Desde el máximo tribunal penal informaron que “las conductas llevadas a cabo por Bausili se encuentran expresamente vedadas por el artículo 13 de la ley Ética Pública, la cual determina que resulta incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

Asimismo, el artículo 265 del Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario público que “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. También contempla la aplicación de una multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido.