Uruguay definirá la elección presidencial en una segunda vuelta que se realizará el 24 de noviembre. Según los números preliminares, el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, obtuvo el 44,7 por ciento de los votos y no le alcanza para ganar en primer turno, el principal deseo de la oposición.

En segundo lugar, quedó Álvaro Delgado, ex secretario de Gobierno de Luis Lacalle Pou, que logró un 26,9 y definirá mano a mano con Orsi. Pero el dato que entusiasma al oficialismo es que la suma de todos los partidos de la llamada Coalición Multicolor acumula 47 puntos, tres más que el Frente Amplio.

Ese escenario anticipa un resultado de balotaje muy reñido, con una diferencia de menos de 3 puntos, en favor del oficialismo, con todo un mes de campaña por delante.

Según el portal La Política Online, de cara a noviembre crece el rol Andres Ojeda, candidato del Partido Colorado, que sacó 15,5 por ciento. El resto de los candidatos que apoyarían a Delgado acumularon alrededor de 8 puntos. “Cambió la correlación de fuerzas en la Coalición, vamos a co-gobernar”, dijo Ojeda en una clara presión al Partido Nacional que actualmente gobierna Uruguay.

Con estos números, Orsi obtuvo siete puntos más que lo que tuvo Daniel Martínez en 2019 y Delgado un punto menos que lo que cosechó Luis Lacalle Pou hace 5 años. Cabe recordar que la diferencia entre el presidente y Martínez en el balotaje fue de 1,5%, lo que confirma nuevamente, un escenario peleado.

Otra pelea fuerte gira alrededor de la composición en el Congreso. Las proyecciones indican que el Frente Amplio podría quedarse con 16 bancas contra 14 de la coalición oficialista en el Senado. En cambio, en Diputados el bloque de derecha supera por una banca a la izquierda, 47 contra 46 escaños. De esta manera, gane quien gane tendrá muchas dificultades para avanzar en reformas sin negociar con el resto de los bloques.

En la elección de este domingo, se realizaron dos consultas populares que fueron rechazadas. Una impulsada por el PIT-CNT (principal central sindical del país) y apoyada por el Frente Amplio para una reforma de jubilaciones y pensiones y otra propuesta por el oficialismo para habilitar allanamientos nocturnos como política de seguridad. Ninguna de las dos alcanzó al mínimo necesario para ser consideradas.