Este martes, el juez de instrucción n° 7 Dr. Miguel Mattos, admitió el pedido de elevación a juicio de la causa iniciada contra dos referentes docentes por el corte de la Av. Uruguay entre los meses de mayo y junio de este año, cuando trabajadores sanitarios, docentes y policías reclamaban por salarios dignos con acampes y movilizaciones en Misiones.

Se trata de la causa iniciada contra Mónica Gurina, docente y Secretaria General de la CTA Autónoma Misiones, y de Leandro Sánchez, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y Secretario Adjunto de la misma Central, quienes participaron en el Acampe docente en las jornadas conocidas como “el Misionerazo” en reclamo de recomposición salarial.

“En dicha resolución, fechada el pasado 9 de octubre, el juez hace lugar al pedido del Agente Fiscal de considerar cerrada la etapa de instrucción y de elevar la causa a juicio oral. En la misma, rechaza el pedido de la defensa de sobreseer a los referentes docentes y minimiza la especial protección del derecho a la protesta social”, advierten desde la CTA Autónoma.

“En cambio, considera como delitos causantes de daños, los hechos vinculados al acampe docente sobre la Av. Uruguay y puntualiza la responsabilidad penal de los referentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez en lo que (el juez) considera hechos delictivos”.

En esta decisión, el juez Mattos ordena la elevación de la causa por “Desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal”, al Juzgado Correccional y de Menores No 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones adonde Gurina y Sánchez deberán responder en carácter de “coautores”.

“El acampe docente en Posadas, desarrollado entre las últimas semanas de mayo y los primeros días de junio, fue una de las medidas llevadas adelante por sectores docentes no oficialistas que desde principios de año venían reclamando una urgente recomposición salarial, tras varios meses con altos niveles de inflación y sin incrementos acordes en los sueldos”, recordaron desde la CTA sobre el conflicto salarial generalizado en mayo, cuando los sectores mencionados llevaban seis meses con los sueldos prácticamente congelados, afrontando una inflación acumulada de 110,2 %.

La medida fue levantada definitivamente tras el día 4 de junio, tras dos intimaciones de desalojo por parte del poder judicial y el llamado a declaración indagatoria a Sánchez y Gurina por la supuesta “desobediencia judicial” ante el mismo Juzgado, a cargo del Dr. Miguel Mattos.