A mediados de julio, el Superior Tribunal de Justicia  de Misiones confirmó la condena a 20 años de prisión contra María Ovando, 18 años contra Marcos Laurindo y 12 años contra Lucas Ferreyra de Lima. 

La resolución desatendió los planteos hechos por la defensa de la mujer en la apelación a la sentencia que dictaron, en octubre del 2020, los integrantes del Tribunal Penal 1 de Eldorado. 

El recurso extraordinario federal presentado este martes por los defensores de Ovando,  Roxana Rivas y Eduardo Paredes, y en el documento se reclama la “nulidad de la sentencia por indeterminación del hecho imputado, por violación al principio de congruencia, por haberse condenado por un hecho que no fue imputado, privándose del derecho a ser oído,  por omisión de valoración de la prueba ofrecida en descargo lesionándose el ejercicio de la defensa, violándose el principio 𝙞𝙣 𝙙𝙪𝙗𝙞𝙤 𝙥𝙧𝙤 𝙧𝙚𝙤 en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “𝘾𝙎𝙅 𝙍𝙤𝙟𝙖𝙨 𝙇𝙪𝙘í𝙖, 𝙅𝙖𝙧𝙖 𝙍𝙞𝙘𝙖𝙧𝙙𝙤, 𝙑𝙖𝙯𝙦𝙪𝙚𝙯 𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙖 𝙎/𝙝𝙤𝙢𝙞𝙘𝙞𝙙𝙞𝙤 𝙖𝙜𝙧𝙖𝙫𝙖𝙙𝙤”.

La defensa pretende que este caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia a fin de que repare, como lo hizo en el caso de Cristina Vázquez, una condena abiertamente arbitraria.  “Estamos pidiendo que se revoque la sentencia recurrida asumiendo la Corte competencia positiva, absolviendo a MARIA OVANDO”, sostiene la presentación.

Una nueva condena

María Ovando llegó al debate oral en libertad, con una imputación que era difícil de determinar. Ya estaban detenidos - desde el 2015 - dos adolescentes  a los que se les acusó de  abusos cometidos contra las hijas y una de las nietas de María. El primer día del juicio la audiencia debió suspenderse porque el presidente del Tribunal, Dr. Atilio León, se inhibió argumentando que la acusación no había sido planteada suficientemente en rechazo a la pretensión del Fiscal Federico Rodríguez de introducir, de manera arbitraria, imputaciones nuevas. 

En menos de 1 mes se fijó nueva fecha y nuevo tribunal, el que consintió todas las irregularidades denunciadas por la defensa y avanzó en el juzgamiento, condena y encarcelamiento de lxs tres imputadxs, incluida María.

“𝙈𝙖𝙧í𝙖 𝙛𝙪𝙚 𝙫í𝙘𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙙𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙚𝙢𝙗𝙤𝙨𝙘𝙖𝙙𝙖 𝙟𝙪𝙙𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡” remarca Eduardo Paredes. Apunta que el fiscal Rodríguez les endilgó a ella y a los jóvenes detenidos la responsabilidad de un abuso que se produjo en casa de quien estaba al cuidado de las niñas desde marzo del 2015. Tal hecho, que fue investigado por el mismo fiscal y cuyo responsable lo reconoció en un juicio abreviado que se firmó en el mismo Tribunal Penal 1 de Eldorado. 

Las defensas recién tuvieron información de ese expediente en una de las audiencias del juicio. No fueron notificados de esa situación y no pudo ser valorado como parte de la estrategia de investigación de los hechos.

“𝘌𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘴𝘨𝘰 𝘺 𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘰𝘴𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘰𝘥𝘦𝘳 𝘑𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘶𝘭𝘯𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘢 20 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘴𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘶𝘦𝘣𝘢𝘴, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘳𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘷í𝘴𝘪𝘮𝘢𝘴 𝘺 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘢 𝘥𝘰𝘴 𝘫ó𝘷𝘦𝘯𝘦𝘴, 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘮𝘱𝘰, 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘦𝘯𝘴𝘢ñ𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳í𝘢, sostuvo Roxana Rivas. 

La causa es paradigmática de los movimientos feministas en la provincia y en el país. Se investiga y problematiza en cátedras de diversas Universidades Nacionales e  internacionales,  es parte de textos académicos y organizaciones sociales. “𝘌𝘴 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘮𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘢 𝘭𝘢 𝘩𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘦 𝘨é𝘯𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘰𝘴 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘦 𝘪𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘳 𝘭𝘰𝘴 𝘢𝘭𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘣𝘳𝘦𝘻𝘢 𝘰 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰”, destacan desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, uno de los espacios que acompaña el reclamo por la libertad y absolución tanto de María como de Marcos y Lucas. 

Tras el encarcelamiento de María ningún organismo del Estado provincial asistió o acompañó a sus hijos e hijas de manera integral, dejando en la intemperie a niños y adolescentes que debieron sobrevivir lejos de la única contención familiar que tenían.

Para la defensa  y para los movimientos feministas que acompañan el Superior Tribunal de Justicia de Misiones tuvo la oportunidad de reparar la arbitrariedad de la condena, pero como no lo hizo deberá ser la Corte la que lo que revise tal como lo hizo en la causa Cristina Vázquez.