La eventual reforma de la ley nacional 26.122 que está avanzando en la Cámara de Diputados de la Nación, con un amplio consenso conformado por los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria, Coalición Cívica y parte de la UCR, entre otros, podría generar un nuevo veto presidencial y un nuevo conflicto político en el radicalismo y el PRO, dos de los partidos “dialoguistas” en el Congreso. Sucede que el presidente anarco-capitalista Javier Milei ya anunció este fin de semana, que va a vetar una ley que limite el poder de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que por la ley 26.122, quedan firmes desde su promulgación y hasta que no los anulen ambas cámaras del Congreso –por caso, el DNU 70/23 que desreguló la economía, sigue vigente porque Diputados no lo trata, dado que el Senado ya lo declaró nulo.

Consultado por Agencia Hoy sobre el conflicto de poderes que se abre entre el Legislativo y el Ejecutivo nacional, con motivo de esta ley 26.122, el abogado constitucionalista y exvicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Rodrigo Bacigalupi ratificó que Milei puede vetar una modificatoria a la norma, pero “lo que no puede hacer, es impedir que las cámaras insistan con los dos tercios. El tema es ese, que las cámaras tengan los dos tercios (para anular un veto o un DNU)”, detalló el abogado.

“Es evidente que habría una especie de conflicto de poderes, porque lo que se busca es limitar el poder del Ejecutivo, pero el sistema legislativo no se cambia, está previsto en la Constitución, así que, el Poder Ejecutivo puede evitar una norma que dicte el Legislativo, pero el Legislativo puede insistir con dos tercios de los miembros. Si no tiene los dos tercios, la norma no rige”, recalcó Bacigalupi.

Con respecto a la ley 26.122 que fue presentada por la entonces senadora Cristina Kirchner y fue sancionada en 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente, Bacigalupi la vinculó con el abuso del poder por parte del Ejecutivo. “Esta ley que está en debate ahora y que ahora a Milei le sirve, la dictan los poderes, los partidos, y los sectores que buscan perpetuarse y abusar del poder. Pero ahora le juega en contra (del kirchnerismo)”, advirtió el abogado.

“La institucionalidad que se está viviendo hoy que pocas veces se vivió en la historia. No conozco tanto de la historia, pero un gobierno que le termine torciendo la mano a las minorías conforman una mayoría (en el Congreso), es increíble”, expresó Bacigalupi, planteando que tienen que funcionar las instituciones democráticas.

Ante la consulta de este portal respecto de los planteos de constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, que considera que algunos DNUs como el 70/23 son una reforma constitucional encubierta, Bacigalupi comentó: “Yo no creo que haya una reforma constitucional encubierta. Me parece que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. (Como sociedad) somos el producto de nuestra Constitución, (pero) su aplicación y su interpretación es el producto de una sociedad completamente vapuleada, manipulada por sectores de poder que se han pretendido eternizar y en algunos lugares lo han logrado”, alertó Bacigalupi.

En ese escenario, ocurren las fricciones institucionales entre los poderes del Estado, y que “se dicten Decretos de Necesidad de Urgencia en situaciones en las que no hay necesidad de urgencia, y naturalmente pueden ser declarados inconstitucionales”.

“Así que las instituciones deberían funcionar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería funcionar en ese punto”, recalcó Bacigalupi sobre los planteos de inconstitucionalidad de los DNUs que se firman cuando el Congreso está en funcionamiento. “En la medida que haya derechos o intereses afectados, cada ciudadano puede reclamar por esa situación”, acotó el abogado.

Y amplió que las presentaciones de inconstitucionalidad se peuden presentar “sobre todo, (contra) el DNU, que es una herramienta pensada no para legislar en general, sino para legislar en épocas de crisis, de necesidad, de urgencia y por plazos determinados”.

“La legislación de emergencia no puede aplicarse o mantenerse por tiempo indeterminado, como si son las leyes en el sentido general, sin necesidad de alguna declaración”, insistió Bacigalupi.

En la reglamentación de derechos, “artículo 14 de la Constitución y el 28, son los que establecen claramente que los derechos deben ser reglamentados por leyes y que es el legislativo el que debe hacerlo, no el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene prohibido hacerlo salvo situación de necesidad y urgencia, que son las del artículo 99, y en general, tiene prohibido en ciertas materias, legislar”, señaló el abogado.

Por otra parte, Bacigalupi aclaró que gobernar por decretos de necesidad y urgencia trae consigo el problema de la inseguridad jurídica, que desalienta las inversiones en la economía del país. “Los decretos de necesidad y urgencia tienen también la inseguridad jurídica que genera ese tipo de normas. O sea, hacia el exterior, hacia los inversores, sostenerse o tomar decisiones en base a normas dictadas en época de emergencia o sostenidas por DNUs, también crean mucha inseguridad jurídica”, argumentó el constitucionalista.

“También hacen temblar o generan un temblor dentro de las instituciones que se siga utilizando esta herramienta para legislar, para dictar normas (de) carácter general. Pero de nuevo las instituciones deben funcionar”, reiteró Bacigalupi.

En este sentido, el abogado subrayó que “las dos cámaras pueden voltear un decreto de necesidad y urgencia, como lo hicieron ya con el DNU de los fondos reservados de la SIDE.”

“Así que es cuestión de que las instituciones funcionen. Si no funciona el legislativo, puede funcionar el judicial declarando en los casos concretos la institucionalidad de esa norma, con los requisitos, los recaudos necesarios”, manifestó Bacigalupi, sobre el contexto presente en el que Milei lleva 42 DNUs firmados en sus primeros 10 meses de gestión, de los cuales sólo uno quedó nulo, el 656/24 que le asignaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el contexto del feroz ajuste contra jubilaciones y universidades nacionales.