El debate por la reforma de la ley nacional n° 26.122 que se sancionó en 2006 y benefició a las gestiones de los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y al actual mandatario Javier Milei, empezó a dividir posiciones entre diputados de la provincia de Misiones, algunos de los cuales se mostraron a favor y otros en contra de una modificación de esta norma en el sentido de limitar el poder del presidente anarco-capitalista.

En la cámara de diputados, más precisamente, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se debaten una decena de iniciativas que buscan modificar la 26.122 para que la anulación de los DNU se pueda concretar por una sola de las dos cámaras del Congreso, y para que su validez sea acotada, de manera tal que no se pueda reemplazar una ley con un decreto, como viene ocurriendo en el gobierno de Milei: por ejemplo, el DNU 70/23 le quitó la potestad de fijar precios y cupificar plantaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, un organismo creado por una ley nacional.

Consultados al respecto, dos diputados provinciales del PRO, se mostraron en contra de modificar la ley impulsada por Cristina Kirchner, que utilizaron todos los Ejecutivos nacionales, aunque ninguno como lo hizo Milei con un megadecreto de desregulación económica y firmando 42 DNUs en 10 meses de gestión .

El presidente del PRO Misiones, Horacio Loreiro manifestó que no es el momento de impulsar esta reforma que limitará el poder de Milei y que el presidente considera una suerte de “golpe de Estado”. “Estoy en contra. Lo que quieren los kirchneristas es voltear al gobierno. Esta es una ley de CFK cuando a ella le convenía y ahora la quiere modificar”, se quejó Loreiro, quien calificó a Cristina Kirchner y al kirchnerismo, de un “cáncer del país”.

Según Loreiro, “cuando se normalice la Argentina, se puede debatir democráticamente este tema (de la regulación de los DNUs) Ahora no es el momento. Cristina Kirchner presiona para voltear la ley que ella misma creó”, sostuvo el diputado provincial.

En esta línea de argumentación, el diputado admitió que puede ser que se acuse de incoherencia al PRO por oponerse a modificar la ley 26.122, cuando históricamente, Propuesta Republicana y su presidente Mauricio Macri, se mostraron a favor de la división de poderes y de la limitación al Ejecutivo nacional, un poder del Estado que, como lo demostró Milei, puede gobernar por decreto y sostenerse en apenas un tercio de la Cámara de Diputados para blindar los vetos a las leyes que sanciona el Congreso de la Nación.

“Convengamos que Milei recién arranca y que está haciendo muchos cambios que nadie se animaba a hacer.  Aun le damos el oxígeno y el tiempo necesario. Todo tiene un límite por supuesto. Cuando el país se normalice, ojala que suceda, será el momento de los debates y criterios más equilibrados”, insistió Loreiro.

Asimismo, el presidente del PRO Misiones hizo una autocrítica de la gestión de Cambiemos, para defender el sostenimiento de la ley 26.122 que defienden La Libertad Avanza, el PRO, partidos aliados al gobierno y los diputados “radicales con peluca” como el misionero Martín Arjol. “Nosotros (por el PRO y Cambiemos) padecimos la inercia y los palos en la rueda, y por eso no conseguimos los resultados esperados y planeados. Estaban todos complicando la vida al gobierno, sin que prospere ninguna de las leyes previstas. Y así nos fue. Por ello decidimos despejarnos de los egos y ayudar a este gobierno, con todas las dudas, e incertidumbres palpables”, resumió el diputado obereño.

Por su parte, el diputado provincial Miguel Núñez, compañero de bloque de Loreiro y dirigente del PRO, también se mostró en contra de una reforma de la ley en el sentido que se debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Es muy complejo todo esto, pero sé que el presidente (Milei) tiene que tener estas herramientas para gobernar. Si no, se hace imposible. El poder político, no deja que cambie nada”, opinó Núñez sobre el funcionamiento actual de los DNUs, que permite a Milei gobernar mediante decretos en un escenario en el que tiene minoría parlamentaria y no puede impulsar proyectos de ley a menos que los acuerde con amplios sectores de la oposición.

En la vereda opuesta de esta defensa ensayada por los diputados macristas a la norma que dificulta la anulación de los DNUs presidenciales, el diputado provincial Cristian Castro (PAyS) explicó a Agencia Hoy: “Para mí hay que modificar esa reglamentación. Los DNU, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores se usaron en forma muy arbitraria”, puntualizó.

Para Castro, el empleo de los DNUs que posibilita la ley 26.122 –impulsada por el kirchnerismo en 2006– “muchas veces ha dejado de lado al parlamento en cuestiones importantes, deformando el sistema republicano de división de poderes”.

“Por eso se pensó en tres poderes independientes y al poder legislativo a nivel nacional, separado en dos cámaras, una representando al pueblo (Diputados) y la otra a las provincias (Senadores) para así fortalecer también el federalismo”, explicó Castro sobre el funcionamiento del legislativo, que tiene una representación correlacionada a la cantidad de electores en la Cámara baja y una representación que iguala a cada provincia, con tres senadores por cada territorio, en la Cámara alta.

“Es más –añadió Castro– la ley 26.122 se reglamentó en el gobierno de Cristina Kirchner, pero no me parece correcto”.

Asimismo, Castro aclaró que defiende la división de poderes y el equilibrio entre los mismos en el sistema republicano, más allá de que el de Argentina sea un régimen presidencialista, y que “si no tenés mayorías en las cámaras, se complica gobernar”.

Y con respecto al DNU 70/23, Castro advirtió que no sólo desguazó al INYM –al quitarle la potestad de fijar precios productivos–, sino que perjudicó a todas las economías regionales al desregular mercados, como el yerbatero y otros similares, como el vitivinícola.

Por su parte, dos diputados provinciales de la UCR brindaron su posición respecto de este debate, que podría desembocar en un tercer veto presidencial y en una nueva “rosca política” del ejecutivo que supuestamente venía a erradicar a “la casta”, pero coopta voluntades de diputados radicales y de partidos provinciales, cuando necesita de un tercio de la Cámara de Diputados para blindar un veto – como ya sucedió con los vetos a la ley de Movilidad Jubilatoria y de Financiamiento Universitario.

La diputada provincial Rosi Kurtz (UCR) argumentó: “El DNU es una facultad del presidente, pero tiene que tener alguna limitación, porque esto hace a la división de poderes. Con que un DNU caiga en alguna de las dos cámaras del Congreso, ya debería quedar sin efecto. Yo siempre estoy a favor de la división de poderes”, resumió su posición, la diputada radical.

En tanto, mucho más ambiguo, el diputado provincial Ariel Pianesi, comentó sobre una eventual modificación de la ley 26.122: “Pienso que en los últimos años ha existido un uso y abuso de los DNU, y eso fue aumentando con el tiempo. De seguro necesita una revisión, pero no estoy estudiando el tema, no tengo antecedentes ni estadísticas”, aclaró el legislador provincial, insistiendo en que son los diputados nacionales los que tienen que deben involucrarse en este debate, siempre y cuando avance en el Congreso.

Sobre este punto, hay que señalar que la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto emitir un dictamen el 30 de octubre próximo, algo que La Libertad Avanza y el PRO, junto a sus aliados legislativos, buscan evitar para que el debate se empantane y los proyectos que limitan el poder de Milei, no lleguen a votarse en el recinto.