En los últimos días de julio, se confirmó la presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Posadas, para endurecer las multas para aquellos propietarios de vehículos que incumplan con la prohibición de circular sin silenciador de escape, con el silenciador en malas condiciones o modificado para reducir su eficacia o para producir mayor emisión sonora. 

La iniciativa es del concejal Pablo Argañaraz, que apunta a que se modifique el Artículo 44° de la Ordenanza X - Nº 5 (Antes Ordenanza 2973/11) del Régimen de Penalidades. 

Consultado al respecto, el experto en seguridad vial Rubén Tamis, explicó a LT4 que la ordenanza está vigente y debe cumplirse, pero deben realizarse más controles con los decibelímetros (aparatos para medir los decibeles) que tiene el municipio de Posadas. Además, recalcó que el sideral aumento en las multas, que pasarían del  equivalente de 12 litros de nafta (unos $13.332), a los 300 litros ($333 mil), es lo que traerá controversia y reinstala el debate en la agenda pública.

Existe una ordenanza en Posadas “que regula la contaminación sonora que puede provocar diferentes actividades. En esa misma ordenanza habla de la cantidad de ruido que puede hacer un taller mecánico, por ejemplo; la cantidad de ruido que puede hacer un supermercado, la cantidad de ruido que puede hacer un gimnasio. Y dentro de todo eso, la cantidad de ruido que emanan los escapes de los vehículos”, contó Tamis, quien recordó que usar silbatos o promocionar productos en la calle con megáfono, también son faltas contravencionales.

“Acá la novedad es que se van a aumentar los montos de las penas. Porque creo que era iban desde los 12 a los litros de combustible, a 300 litros de combustible, para el que no respete eso”, planteó Tamis, quien detalló cómo deben hacerse los controles con los decibelímetros, dispositivos que miden los decibeles.

De acuerdo con Tamis, el máximo permitido para los escapes de vehículos es de 80 decibeles en Posadas, cualquier valor por encima de esto, es entrar en falta y el inspector municipal puede labrar un acta ante esa situación. Y ante la retención de un vehículo, el propietario no lo puede recuperar sino hasta que lleve un escape “acorde a los decibeles permitidos”.

“La mayoría de los problemas son por las motos, porque le adultera el original. Le cambian y le agujerean (el escape). Es una contaminación sonora que afecta a todos. Entonces, queda retenido el vehículo, a la jueza le cobrará la multa, pero para liberar de nuevo ese vehículo, (el infractor) tiene que traer un escape acorde a los decibeles permitidos. Cambian el escape en el taller en el corralón y recién ahí es liberado”, puntualizó Tamis, insistiendo en que la mayoría de los ciudadanos, infractores y afectados por la contaminación sonora, desconocen de la vigencia de la norma.

De acuerdo con Tamis, esto está vigente en Posadas, pero “la mayoría no lo sabe. Ahora volvió a ser noticia y esta en boca de mucha gente, porque por este proyecto de ordenanza que pretende subir los costos de la multa para que se tome más en serio. Y que haya un ordenamiento en esta jungla de cemento de la ciudad”, expresó el experto.

No obstante, Tamis admitió que “se debería hacer más controles” para que se cumpla la ordenanza, porque, aparentemente “la propia municipalidad tiene varios decibelímetros para hacer esta labor.” 

“Pero bueno, es una cuestión de que a medida que las personas se quejan, se molestan y dicen, pero ¿cómo puede ser? Esto (el máximo de decibeles que producen los escapes) tiene que estar regulado, y se enteran que hay una regulación. Y a su vez esa regulación, el Concejo quiere exponer imponer más castigo”, opinó sobre la reinstalación del tema en el debate público. 

“Ahí recién se va a mover el avispero, por decir un término popular, para que vuelvan estos estos controles y sean más seguido, para que el confort y la garantía de la tranquilidad en la vía pública no sean contaminadas por estos medios”, reflexionó el experto en seguridad vial.