El fracaso de la sesión especial convocada este martes por la oposición para tratar la reforma de la ley 26.122 que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia y la anulación del DNU 846/24 que permite al gobierno renegociar la deuda externa sin cumplir con la Ley de Administración Financiera, que fue celebrado por el gobierno nacional, permitió una vez más a los diputados nacionales por Misiones, actuar en bloque, en defensa de los intereses de la Casa Rosada.

Es que ninguno de los representantes de Misiones bajó al recinto este martes, para aportar al quorum de 129 diputados que necesitaban los bloques opositores para impulsar el debate y sancionar los proyectos que el presidente ultraderechista Javier Milei rechaza. En el caso de la puertista anarco-capitalista Florencia Klipauka, forma parte del bloque de La Libertad avanza y se sabía que no iba a colaborar con la sanción de una norma que le otorga más poder de control al Congreso sobre el Ejecutivo nacional.

A la abogada obereña poco le importan los planteos de la mayor parte de los abogados constitucionalistas que sostienen que la ley 26.122, sancionada en 2006 –una invención de la entonces senadora Cristina Kirchner–, es inconstitucional por atentar contra la división de poderes al otorgar prerrogativas al Ejecutivo en el funcionamiento de los DNU. Lo mismo cabe para el macrista Emmanuel Bianchetti y el “radical con peluca” Martín Arjol, quienes ya dieron sobradas muestras de que van a votar todo lo que les ordene Milei –el PRO y el bloque oficialista de la UCR, ya habían avisado que no acompañarían el quorum.

En el caso de los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, forman parte del bloque Innovación Federal, que suele acompañar los pedidos del gobierno nacional. El bloque no había anticipado su postura, pero era un hecho que no iban a aportar al quorum que buscaba la oposición con estos temas. Mucho menos al confirmarse las deserciones en el propio bloque de Unión por la Patria, gracias a la presión que ejerció Milei sobre los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Martín Llaryora (Córdoba)

De acuerdo con el portal Parlamentario, se sabía que La Libertad Avanza, con sus 39 integrantes; el Pro, con 37 bancas; la Unión Cívica Radical y sus 20 legisladores; y los 3 integrantes de Independencia más los 3 del MID, no iban a bajar a sesionar a las 15, hora de inicio de la sesión.

La oposición tampoco contaba con los 8 integrantes de Innovación Federal –entre ellos, los 4 renovadores– por ser una bancada con vínculo directo con los gobernadores que, en estos días están abocados a lograr recursos para sus provincias en el debate del Presupuesto 2025, que casualmente se reactivó esta semana luego de una amenaza del gobierno nacional de archivar el proyecto.

Fuera del kirchnerismo, las únicas bancadas que confirmaron presencia fueron los 5 integrantes del Frente de Izquierda, los 12 miembros de Democracia para siempre y 13 legisladores de Encuentro Federal.

Justamente, en el bloque multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, eran ausentes confirmados Jorge “Loma” Ávila, quien responde al gobernador macrista Ignacio Torres (Chubut); Francisco Morchio, relacionado al también mandatario del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos); y el economista liberal Ricardo López Murphy.

En base a las ausencias confirmadas, Unión por la Patria se veía en la obligación de aportar el 100% de sus integrantes para llevar a cabo la sesión. Sin embargo, de las 99 bancas, había una decena de ausencias confirmadas y el plan del oficialismo respecto a desactivar la sesión, se concretó sin mayores problemas.

Este martes, del bloque de UP faltaron a la sesión los diputados por Catamarca Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden a Jalil–; la neuquina Tanya Bertoldi; los mendocinos Liliana Paponet y Adolfo Bermejo; el santiagueño José Gómez, con un problema de salud; y el jujeño Guillermo Snopek, quien utilizó un vuelo de Aerolíneas Argentinas en pleno conflicto gremial y llegó tarde al Congreso.

La otra diputada nacional que no estuvo en el Congreso este martes fue la chubutense Eugenia Alianiello. Al respecto de la división en el bloque UP, en el bloque peronista, cabe aclarar que además de la efectiva extorsión del gobierno nacional –que amenazó con congelar el debate del Presupuesto 2025 si se sancionaban estos proyectos–, impactó la interna del PJ. Alianello militó por la candidatura de Ricardo Quintela en la conducción del Partido Justicialista y el jefe del bloque, Germán Martínez, es vicepresidente del partido por medio de la lista que encabezó Cristina Kirchner, la actual titular del partido.

Con la victoria política de Milei, consumada gracias a los gobernadores, el PRO y la UCR oficialista, los impulsores de los proyectos tuvieron de suspender la sesión en la Cámara para el jueves 21 de noviembre. Nada prevé que vaya a cambiar la correlación de fuerzas y la oposición pueda reformar la ley 26.122 y anular el DNU 846/24.

Las reformas que se impulsan sobre la ley que regula los DNU estipulan que estos decretos queden derogados si una sola de las dos Cámaras así lo dictamina –actualmente la ley de Cristina Kirchner obliga a un rechazo bicameral, que, en la práctica, raras veces ocurre– y, por otra parte, se propone que los decretos de necesidad y urgencia pierdan validez en 60 días, si no los trata el Congreso.

En cuanto al DNU 846/24, permite al gobierno nacional a renegociar la deuda externa sin cumplir con la Ley de Administración Financiera que obliga al Ejecutivo a cumplir con dos de tres requisitos para firmar acuerdos. Estos ítems son que la renegociación sea beneficiosa para el país en el plazo de la deuda, los intereses a pagar o la cápita de la deuda. Con este DNU, el ministro de economía Luis Caputo puede renegociar la deuda sin cumplir con estos prerrequisitos.

Hasta la fecha, el presidente ultraderechista Milei firmó 47 DNU, entre ellos el 70/23 que está en vigencia excepto en el capítulo laboral, porque la Cámara de Diputados no lo trató –el Senado ya lo anuló por considerarlo inconstitucional. De esos decretos, sólo uno fue anulado: el que otorgó 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE.