Este 30 de enero a las 19.30 hrs., “se formalizó la presentación del recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, contra la Resolución 884/2024 del Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, a propuesta de la Jefatura de Policía, dónde se dictó la Cesantía de los entonces Sargento 1ro Méndez y Marín, el Oficial Ayte. Von Oelffen, los tres en actividad, y la del Suboficial Mayor retirado, Germán Palavecino, los cuatro por la protesta de Mayo 2.024”, señaló a este medio, este último, confirmando la judicialización de la medida de cesanteo.

“Aprovecho este medio para agradecer la colaboración de los abogados Mateo Pérez Esquivel, Eduardo Paredes y Roxana Rivas por sus aportes técnicos jurídicos en el escrito presentado”, confió Palavecino, quien junto a Ramón Amarilla, fue vocero de la protesta policial de mayo del año pasado, en reclamo de salarios dignos.

Como es de público conocimiento, en esa protesta que incluyó un acampe sobre la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico, confluyeron también los reclamos salariales de docentes y de empleados de Salud Pública.

En el caso de los uniformados, 8 referentes fueron exonerados y detenidos sin excarcelación, a la espera de un juicio por supuesta sedición. Y a principios de esta semana, se confirmó que la mencionada resolución 884/2024 dejaba cesantes a otros referentes y delegados del acampe policial.

Según trascendió en un mensaje viral, eran 20 los uniformados cesanteados. “Hoy la Policía de Misiones está de Luto. Según (el) decreto 884/24 firmado por el Gobernador de la Provincia de Misiones” se ha “dispuesto el paso a cesantía”. El mensaje detalla 20 nombres, pero de los mencionados, según fuentes consultadas, sólo los cuatro que presentaron el recurso de revocatoria, fueron alcanzados por la resolución 884/24. Ellos son, además de Palavecino, el Oficial Ayudante Guillermo Von Oelffer; el  Sargento 1ro Gerardo Martín Marín; y el Sargento 1ro Juan Carlos Méndez.

Agencia Hoy buscó el instrumento legal mencionado, que no fue publicado en el Boletín Oficial de Misiones, y Palavecino confió la veracidad de la resolución. Sin embargo, el retirado y ahora despedido, solicitó una copia del documento en cuestión, porque el que le mostraron, resultaba ilegible.

En una nota dirigida a la Comisario Inspectora, Julieta Brauvano, actual Jefa del Departamento de Sumarios Administrativos (de la Policía), Palavecino requirió “formalmente la extracción de copias certificadas a mi costa de Declaración y/o Descargo del suscripto, obrante en el Sumario Administrativo N° 09/2024 comunicado con fecha 15/05/2024, registro de la Dirección de Asuntos Internos, y que se citan en la Resolución N° 884/2024 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones”.

“Se funda la presente dentro del marco de la Ley de procedimientos administrativos de la Provincia y sus prerrogativas conferidas, habita cuenta a que se me ha negado la extracción de las copias requeridas ante mi presentación espontánea para tales efectos”, completa el escrito que ingresó por Mesa de Entrada en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía de Misiones, el pasado 28 de enero. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, el recurso administrativo va a ser denegado y, acto seguido, los afectados por la resolución 884/24 podrán acudir a la Justicia en apelación, eventualmente ante el STJ (Superior Tribunal de Justicia) y la Corte Suprema.

De acuerdo con la presentación, Palavecino y sus camaradas cuestionan que la resolución la firme el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, cuando la exoneración de la fuerza, es potestad indelegable del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Por otra parte, según confiaron desde el entorno de los cesanteados, lo que se hizo como sumario administrativo, no cumple con los pasos elementales de ese proceso: acusación, producción de pruebas, derecho a defensa, presentación de pruebas por parte de los acusados y resolución por parte del Jefe de Estado de Misiones.

Lo que hicieron en estos sumarios contra los cuatro uniformados, sostienen las fuentes de Agencia Hoy, fue notificar de una imputación de la justicia penal por supuesta sedición. Al ser una causa que no está cerrada y, de hecho, ni siquiera llegó a instancia de juicio, los imputados son inocentes –por el principio constitucional de presunción de inocencia.