El resonante caso del uso del Código Único de Identificación Tributaria de docentes jubiladas, para presuntamente, pagar sueldos ilegales a terceras personas, sumó una segunda denuncia este lunes. Ante la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, Esther L., denunció que se investigue por qué, estando jubilada y por siete meses, figuran pagos de sueldos realizados por el Ministerio de Hacienda.

Los pagos por una supuesta relación contractual, se concretaron, de acuerdo con la denuncia, entre junio y diciembre del 2023, y como ocurrió en la primera denuncia presentada ante el fuero federal a fines de marzo, esta docente jubilada no trabajó para Hacienda. Y ya estaba jubilada cuando aparecen los pagos con su CUIT en el historial laboral que confecciona la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Las maniobras detectadas presentan otra sugestiva coincidencia: concluyeron en diciembre del 2023, cuando cambió la gestión provincial, es decir, cuando terminó su mandato el exgobernador Oscar Herrera Ahuad. El Ministro de Hacienda, sigue siendo Adolfo Safrán.

Escándalo en Misiones por el pago de “sueldos” ilegales, utilizando el CUIT de docentes jubiladas

En el caso de la denuncia radicada hoy ante la Fiscalía Federal 2 de Posadas, Esther L. también encontró un contrato con el Ministerio de Hacienda desde el 1° de junio al 31 de diciembre del 2023. Pero ella, según la denuncia, se jubiló el 30 de mayo del 2023, por lo que pide que se investigue la presunta utilización ilegal de su CUIT para concretar sueldos “paralelos”.

De acuerdo con la denuncia de Esther, en su caso, fueron 7 meses de pagos utilizando su CUIT. Como ocurre con la primera denuncia informada por Agencia Hoy, el viernes pasado, se sospecha que los pagos fueron para sueldos, porque en junio y diciembre los montos aumentaban por el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario)

Fuentes consultadas por este medio, confirmaron que la Fiscalía Federal 1 –donde se radicó la primera denuncia, de Gladis F.–, ya inició medidas en el marco de la instrucción de la causa. El Ministerio Público Fiscal Federal expidieron oficios al Ministerio de Hacienda de Misiones, a la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ex AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

La segunda denuncia por el presunto desfalco, entre otros delitos, ingresó en la Fiscalía Federal 2, que funciona en el mismo edificio, sito en calle Entre Ríos entre Junín y Ayacucho, en el microcentro de Posadas.

El escándalo de alcances imprevisibles estalló el viernes pasado, cuando se hizo pública la denuncia que la docente jubilada Gladis F., radicó ante la Fiscalía Federal 1 de Posadas, el pasado 26 de marzo del 2025.

Según la denuncia a la que accedió Agencia Hoy, Gladis F. se jubiló en septiembre del 2020 y apareció “contratada” por Hacienda, en octubre de ese año. Al igual que con Esther, apareció contratada al día siguiente de salir su jubilación.

Fuentes consultadas afirmaron que habría al menos, cuatro casos más, que se descubrieron por medio del análisis del historial laboral con la clave fiscal de ANSES.

Ante la fiscalía del juzgado federal de Posadas, Gladis afirmó que fue “víctima de maniobras administrativas, económicas y profesionales que ponen en riesgo mi presente y futuro ya que, desde el mes de octubre del año 2020 hasta el mes de diciembre del 2023, según los registros obrantes en la página oficial de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) (…), el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Misiones pagó salarios (mensuales y sus correspondientes SAC semestralmente) a alguien utilizando mi nombre y mi Código Único de Identificación Tributaria (CUIT), sin que haya yo firmado documentación alguna o recibido algún dinero como prestación de algún servicio administrativo”.

Consultada por este portal, la abogada laboralista Roxana Rivas explicó que, de acuerdo con lo que se conoce de las denuncias, “se configuran numerosos delitos: estafa, fraude, agravados por que son funcionarios públicos y es plata del Estado, daños y perjuicios si es que afecta los haberes jubilatorios, usurpación de identidad, entre otros”.

Por otra parte, respecto de las consecuencias legales que pueden sufrir las jubiladas damnificadas, Rivas remarcó que existen incompatibilidades para seguir trabajando para el Estado, después de obtenidas las jubilaciones. “Debería saberse con qué modalidades y/o contratos se generan esos haberes u honorarios. Hay que ver el acto administrativo o privado que genera el vínculo, si es laboral o de servicios, etc.”, confió Rivas al respecto del caso.

Los demandantes tendrían el derecho a solicitar un “habeas data”.