Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se harán cargo del máximo tribunal durante la feria judicial de enero y bloquearon así la posible maniobra del también cortesano Ricardo Lorenzetti, de tomar juramento a Ariel Lijo como miembro del máximo tribunal del país, si Javier Milei apelara a su designación por decreto.

A través de una acordada, los ministros Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda definieron que del 1º al 12 de enero Rosenkrantz será el responsable del cuarto piso de Tribunales, acompañado entre el primer día del año y el 11 de enero por Lorenzetti.

En tanto, Rosatti asumirá el relevo de Rosenkrantz desde el 13 hasta el 28 del mismo mes y los últimos tres días recaería esa tarea nuevamente en Rosenkrantz. De esta forma, si el presidente ultraderechista Javier Milei define designar por decreto a sus postulantes para la Corte, el mencionado Lijo y el abogado del Opus Dei, Manuel García Mansilla, quienes deberían tomarles juramento son Rosatti o Rosenkrantz, quienes rechazarían una designación “por la ventana”.

De acuerdo con el portal LPO, fuentes judiciales recordaron que ningún tema de superintendencia puede tratarse durante la feria judicial, pero en los últimos días había crecido la especulación en los pasillos de Comodoro Py sobre la chance de que Milei nombrara a Lijo y Manuel García Mansilla por decreto y que Lorenzetti, si quedaba a cargo en la feria judicial, les tomara juramento.

Como sea, cabe aclarar que el 16 de diciembre del 2015, cuando el expresidente Mauricio Macri designó por decreto a Rosatti y Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema, fue Lorenzetti quien firmó un pronunciamiento que postergó el tratamiento de las designaciones, que después fueron avaladas por el Senado.

La jugada de Rosatti y Rosenkrantz obedecería a los rumores que apuntan a Lorenzetti como el promotor de la candidatura de Lijo, uno de los jueces más resistidos de los tribunales federales de Comodoro Py. De hecho, Lijo cuenta con el apoyo de la bancada peronista en el Senado, pero este bloque reclama una ampliación de la Corte y la inclusión de una mujer, como mínimo, lo que dejaría afuera a García Mansilla.

En la Casa Rosada se empeñan con que se designe a sus dos candidatos o a ninguno –con acuerdo legislativo– y por eso cobró fuerza la versión de Milei firmando las designaciones por decreto, durante la feria administrativa. Si Lorenzetti presidía la Corte, podía tomar juramento a los candidatos del gobierno ultraderechista, que, con tres sobre cinco ministros, controlaría a la Corte Suprema.

Al contrario de los senadores peronistas o kirchneristas, en el macrismo y en la UCR, rechazan la candidatura de Lijo. En el caso del PRO, hay un motivo bastante evidente: este juez tiene en sus manos la causa del Correo Argentino contra Mauricio Macri por “administración fraudulenta y cohecho”. Esta causa se inicia en 2017 en el juzgado de Lijo, pero por hechos que arrancan en 2003, cuando el Grupo Socma (Sociedad Macri) dejó la concesión del Correo estatal, privatizado por el expresidente Carlos Menem, en marzo de 1997.

En el decreto de rescisión del 2003, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001, la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones de dólares porque en el país regía la ley de convertibilidad.

La denuncia contra Macri y el entonces ministro de Telecomunicaciones, el radical “con peluca” Oscar Aguad, se origina en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación con la deuda del Correo Argentino. En ese acuerdo firmado durante la presidencia de Mauricio Macri el Estado aceptó una quita del 98,82% de la deuda, en beneficio de Correo Argentino S.A., propiedad de la familia del expresidente.