En las últimas horas se confirmó un pedido de sesión para tratar la reforma de la ley 26.122 que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una norma diseñada por la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006 y que el actual presidente Javier Milei utiliza para gobernar por decreto, dado que los DNU sólo caen si ambas cámaras del Congreso los anulan y eso, otorga muchas chances al Ejecutivo de impedir las anulaciones.

Diputados del bloque Encuentro Federal, del radicalismo disidente (Democracia para Siempre), Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo incomodan al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo martes 12 de noviembre, a las 15, con el fin de tratar la reforma de esta ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Además, con la expectativa de rechazarlo, el temario incluye el DNU 846/24 de Milei, sobre canje de deuda.

Días atrás estos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122. Con esa maniobra, recortarían fuertemente el poder del presidente anarco-capitalista, que hasta la fecha firmó más de 42 DNU, de los cuales sólo fue anulado uno, el que otorgaba 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (la ex AFI)

De acuerdo con el portal Parlamentario, sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo, los opositores reúnen 128 diputados, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema. En ese marco, el oficialismo de La Libertad Avanza y el PRO, entraron en crisis, porque es muy posible que todos los diputados de la CC y el FIT bajen al recinto, den quorum y se sancionen la reforma y la anulación del DNU del canje de deuda.

Cabe aclarar que Milei ya anunció que vetará una reforma de la 26.122, que considera un “golpe de Estado”. Por supuesto, en franca minoría, el gobierno ultraderechista que encabeza Milei está implementando reformas profundas por medio de DNUs, como el 70/23 que desreguló el mercado yerbatero al quitarle la potestad al INYM de fijar precios, y vetando los proyectos de ley que se sancionan en el Congreso con un amplio consenso opositor.

En medio de una puja por la suerte de las PASO (Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias) que el oficialismo libertario –como todos los oficialismos anteriores– pretende postergar, el PRO, un aliado clave para el blindaje de los vetos a la Ley de Movilidad Jubilatoria y de Financiamiento Universitario, aún no definió su postura frente a la reforma de la 26.122. Para los macristas es complejo acompañar al gobierno en este tema, porque siempre cuestionaron esa ley de Cristina Kirchner y presentaron varios proyectos para reformar o derogar la norma.

De hecho, el PRO y los “radicales con peluca” como el misionero Martín Arjol, ya no podrán argumentar que votan a favor de sostener un hipotético veto de Milei contra una ley que limite los DNU, en función de cuestiones fiscales. A diferencia de lo ocurrido con los vetos contra jubilados y universidades, una anulación de una reforma de esta ley de los DNU, no protege el “equilibrio fiscal” o el “déficit fiscal cero”. 

Sobre este punto, cabe recordar que además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría y el de LLA, de rechazo, no fue acompañado por el PRO. Los otros dos dictámenes son la Coalición Cívica y del bloque “dialoguista” de la Unión Cívica Radical,

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple, es decir, la mayoría de los diputados que se encuentren en el recinto.

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.

Uno de los cambios centrales es que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Finalmente, el proyecto indica que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13 de noviembre.